La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha llevado este jueves 15 a Bruselas una propuesta para una ley europea que evite las prácticas abusivas y desleales en la cadena de valor agroalimentaria.
COAG participa, a través de la Coordinadora Europea Vía Campesina, en la primera reunión del nuevo mandato del Foro de Alto Nivel para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, según ha informado a través de un comunicado.
Ven «absolutamente indispensable poner en marcha mecanismos públicos de regulación al nivel europeo»
El miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Rafael Hernández, reclamará a la Comisión Europea la necesidad de poner en marcha de manera urgente nuevas normas a nivel de la UE «para afrontar las prácticas comerciales desleales que afectan a la cadena y en especial a los agricultores y ganaderos», así como el establecimiento de sistemas de cumplimiento eficaces en los Estados.
«Es absolutamente indispensable poner en marcha mecanismos públicos de regulación al nivel europeo para evitar las prácticas abusivas y desleales entre agentes de la cadena alimentaria», ha subrayado el representante de COAG en el Foro de Alto Nivel.
Ha recordado que ya se han pronunciado gran parte de los organismos de la UE, desde el Parlamento Europeo al Consejo, pasando por la Task Force de los Mercados Agrarios que emitió su informe de resultados el pasado mes de noviembre.
La Comisión Europea «debe atender a las múltiples peticiones de acción y actuar de manera urgente», ha resaltado COAG.
Debe haber una regulación obligatoria y un enfoque jurídico único para toda la Unión Europea que prohíba determinadas prácticas abusivas -como venta a pérdidas, subastas a ciegas e imposición de pagos atípicos-, «que sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales» y «garantice la igualdad de condiciones en la UE, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados».
«Apoyarse únicamente en un sistema voluntario para afrontar las prácticas comerciales desleales es insuficiente e ineficaz: no facilita a los agricultores poder presentar sus quejas de manera anónima y reducir el miedo que les genera la posibilidad de recibir represalias de sus clientes», ha subrayado Hernández.
La organización agraria considera que la falta de aplicación de la normativa mediante una tercera autoridad independiente que pueda imponer sanciones en caso de que se incumplan los códigos de buenas prácticas es el principal punto débil de cualquier sistema voluntario.