Denuncian a la Junta de Castilla y León ante la CNMC por fomentar la discriminación entre los agricultores y alterar la libre competencia en los mercados

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La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) ha denunciado a la Junta de Castilla y León ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por, a juicio de la asociación, fomentar la discriminación entre los agricultores castellano leoneses y alterar la libre competencia en los mercados.

En este sentido, ACCOE ha interpuesto la denuncia tras la publicación del Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León y la Orden AYG/632/2017, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

La asociación no está de acuerdo en la gestión que está realizando la Consejería

ACCOE considera que la puesta en marcha de disposiciones que discriminan abiertamente la iniciativa privada y favorecen una vez más la competencia desleal en favor de las empresas cooperativas, “está abiertamente en contra de uno de los pilares fundamentales no sólo de la Constitución Española sino también de la Unión Europea: la libertad de comercio.”

La asociación no está de acuerdo en la gestión que está realizando la Consejería, a la que acusan de anunciar con llamativos titulares iniciativas puestas en marcha por la propia institución, calificándolas casi como regalos y consiguiendo, por tanto, distorsionar distorsionar la libre competencia en el sector, que a la larga limitará a los agricultores su capacidad de decisión y privará a muchas medianas y pequeñas empresas sitas en la región de su posibilidad de subsistencia.

ACCOE ha solicitado en reiteradas ocasiones reuniones para tratar la cuestión con la actual
consejera de agricultura y ganadería, Dª Milagros Marcos, así como la incorporación a la
Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria y a los órganos consultivos en el sector
agrario y agroalimentario, “sin haber recibido hasta la fecha respuesta alguna”, se lamenta.

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