La organización agraria APAG Extremadura Asaja considera que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unida al aumento de las cotizaciones para los autónomos, supone “la puntilla para el sector agrícola extremeño”. A juicio de APAG, y con la salvedad del aumento al RETA y la subida de la base de cotización mínima, se trata de “una baza electoral” del Gobierno que “resulta insostenible”.

Desde la organización, han explicado que muchos empresarios agrarios “se verán obligados a recurrir a la mecanización o a la contratación de trabajos a empresas de servicios para prescindir de mano de obra asalariada”, que, además de ser escasa, es cara a causa del subsidio agrario.

Creen que se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, derivando en una reducción en la mano de obra

En esta línea considera que la SMI se traducirá en despidos, ajustes de horas o incluso trabajo en negro al no poder las empresas hacer frente a los costes salariales.

Para APAG Extremadura Asaja, al igual que para otras organizaciones, el incremento salarial, del 22,3% respecto al vigente en 2018, repercutirá negativamente en el sector primario extremeño, ya que se va a traducir en unos menores ingresos en las explotaciones, derivando previsiblemente en una reducción en la mano de obra.

De igual manera señala que los efectos en la agricultura y ganadería, un compartimento económico tan determinante en la economía de Extremadura, van a ser claramente perniciosos, ya que los agricultores y ganaderos se encuentran muy castigados por problemas “tan acuciantes como los precios irrisorios y los elevados costes de producción”, por lo que representará “la puntilla para el sector”.

Esta organización añade que esta subida impactará con virulencia en las empresas, ya que la medida no sólo reducirá la contratación, sino en muchos casos las sitúa directamente en pérdidas.

El Real Decreto 1077/2017, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre, establece que el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 900 euros al mes (12.600 euros al año).

Tanto para los eventuales como para los temporeros el salario mínimo es de 42,62 euros al día y afectará a más del 50% de todas las categorías del convenio del campo.

Ante esta circunstancia reclama al Gobierno altura de miras ante lo que ven como la puntilla al sector para buscar alternativas que suavicen las consecuencias negativas derivadas de esta subida salarial “con mucha letra pequeña”. En este caso, esta organización sugiere como posible solución la implementación de exenciones en la Seguridad Social.

“De no flexibilizarse las condiciones laborales en los próximos convenios, producciones extremeñas, como la de la fruta contarán con un futuro muy negro, tal y como ha sucedido en la provincia de Sevilla”, han advertido.

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