Patronales del sector del aceite de oliva estudian emprender acciones judiciales por el informe de la OCU que aseguraba que la mitad de los “virgen extra” analizados eran en realidad sólo “virgen”, y han protestado de forma oficial ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así lo han confirmado este lunes 29 fuentes del sector a Efeagro, que han avanzado que asesores especialistas en Derecho están analizando si hay posibilidad de presentar una denuncia por el contenido del estudio, al considerar que contiene “irregularidades” y perjudica a la imagen de esta industria.

La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) han enviado una carta al ministro del ramo, Luis Planas, para protestar por dicho el informe de la OCU.

En 2012 la entonces Hojiblanca también denunció a la OCU, pero la justicia desestimó la demanda

Las dos entidades patronales -que representan más del 80% del sector, según sus propios datos- ya criticaron el documento nada más ser presentado, el pasado jueves, y advirtieron de que fue elaborado “con graves deficiencias” en su procedimiento, con “irregularidades” en la toma de muestras y su conservación.

Además, censuraron que la prueba se basara en un panel de cata, un sistema que todavía es clave a la hora de definir la categoría de los aceites de oliva vírgenes, pero que, según la industria, está “en revisión” por el Consejo Oleícola Internacional y la administración, debido a la “gran variabilidad de sus resultados”.

El informe de la OCU apuntaba que 20 de las 41 marcas de aceite virgen extra no cumplían los estándares de máxima calidad exigidos por presentar defectos de sabor u olor, por lo que a su juicio deberían ser catalogados en realidad como “virgen”.

En 2012, un estudio similar de la OCU también cuestionó la calidad de varias enseñas de “virgen extra”. La firma Hojiblanca (hoy Dcoop) acudió entonces a los tribunales por considerar que la OCU dañó su honor, aunque el pasado mes de febrero la Justicia desestimó sus demandas.

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