La convocatoria de las ayudas para la prevención de incendios forestales en la comunidad de Andalucía sigue provocando enfados y rechazos, ya que consideran que no ha contentado a los profesionales del sector, sino todo lo contrario para favorecer los intereses de la propia Administración andaluza, en especial en el tema de los cortafuegos.

Por esto, desde Asaja Andalucía se ha elevado una queja formal a la Comisión Europea en la que denuncia las barreras y los obstáculos que la Consejería de Medio Ambiente incluye en esta orden y que impiden que el sector privado en general y el de la dehesa en particular puedan acceder a estas ayudas públicas cofinanciadas por la Unión Europea para prevenir los incendios en el monte y en la dehesa de Andalucía.

Por eso, uno de los puntos más críticos con la Consejería de Medio Ambiente, que es quien aprueba las bases regulatorias de la presente orden, es que “la Administración entiende que la superficie que se dedique a cortafuegos se descuenta de la superficie declarable para la activación de los derechos de pago básico de las ayudas de la Política Agraria Común”, algo que para Asaja Andalucía “no tiene razón de ser”, pues según el director general de Asaja Andalucía, “estos cortafuegos son un elemento estructural de la explotación y, por ejemplo, en el caso de una finca ganadera, esa extensión en invierno son pastos, por lo que es terreno productivo”.

La organización agraria andaluza lamenta que estas ayudas —cofinanciadas por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y que se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020— “no van a favorecer a los titulares particulares de explotaciones de dehesa ni de monte mixto, pues parece que únicamente están ideadas para mantener la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente», critica el director general, Vicente Pérez.

Asimismo, critican que las ayudas, dotadas con un presupuesto de 14,5 millones de euros cofinanciados al 75% por la UE, al 17,5% por la Junta de Andalucía y un 7,5% por el Gobierno central, “presentan tal complejidad y exigencias que desmotivan al sector privado”, insiste Pérez, recordando que de las casi tres millones de hectáreas de terreno forestal que hay en Andalucía “al menos el 74% es de gestión privada”.

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