La Alianza UPA-COAG ha exigido el desarrollo de la Ley Agraria para poder afrontar a lo largo de 2017 algunos de los retos que a su juicio tiene pendientes el sector agrícola en Castilla y León, entre los que ha referido el reequilibrio de la cadena alimentaria y los precios justos.

Otros desafíos pendientes son el relevo generacional en el sector, el desarrollo de infraestructuras de regadío, la modernización de las explotaciones, y la instauración de medidas sociales contra el despoblamiento en el medio rural mediante el fomento e impulso de las explotaciones familiares.

El de 2017 “no puede convertirse en un año perdido en el desarrollo de figuras claves para Castilla y León como el defensor de la cadena alimentaria, la junta de arbitraje y mediación, y el observatorio regional de la cadena alimentaria”, explica La Alianza UPA-COAG a través de un comunicado.

Preocupa la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre tras los efectos que ha habido en el vacuno de leche

De ese modo, añade la nota, se resolvería el problema del desequilibrio de la cadena agroalimentaria, “en la que unos eslabones pasan penurias”, caso de los agricultores y ganaderos, “y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos”, como la industria y el ámbito de la distribución.

Otro de los grandes retos en este 2017 es que se aporten soluciones a los sectores ganaderos de leche  (vacuno, ovino y caprino) en Castilla y León puesto que un año más en las condiciones actuales de precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad dejará al borde de la desaparición a cientos de profesionales por todo el territorio regional.

 Además estarán muy vigilantes a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de este año, y seguiremos luchando en los tribunales de Justicia para que se lleve a efecto la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que ha decidido dar la razón a la reclamación de la Alianza UPA-COAG contra el Gobierno regional, para que pague a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día.

Esa organización profesional agraria reclama también un mayor avance en el diálogo social agrario para poder avanzar en “logros urgentes para la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas especialmente desfavorecidas y acuciadas por el grave despoblamiento que sufre el medio rural”.

Por último, entre otros objetivos para 2017, La Alianza UPA-COAG considera como un elemento clave que la administración autonómica “actúe con responsabilidad ante los gravísimos perjuicios que toda clase de fauna silvestre está provocando en la agricultura y ganadería de nuestra región”.

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