La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha informado este miércoles a los portavoces de Agricultura de los grupos parlamentarios de la auditoría sobre las ayudas al asesoramiento agrario que llevará a cabo su departamento, tras la investigación judicial a UPA-UCE.

En un comunicado, la Junta de Extremadura da cuenta de esta reunión, en la García ha expuesto las medidas que llevará a cabo su consejería tras el supuesto fraude en estas subvenciones que ha llevado a prisión al secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y su responsable de Organización, Maximiano Alcón.

ve necesaria esa auditoría para disipar cualquier duda en torno a las ayudas comunitarias

Begoña García ha indicado que la auditoría se centrará en el efectivo cumplimiento de la función de asesoramiento por parte de las entidades, que, según las informaciones ofrecidas a los medios por la Guardia Civil, son el eje sobre el que se está centrando la investigación judicial.

La consejera ha explicado a los portavoces que formalmente no ha recibido ninguna notificación sobre esa investigación judicial, pero que considera que es necesaria esa auditoría para disipar cualquier duda en torno a las ayudas comunitarias a un sector tan importante para la economía regional como es el agrario.

En esa misma línea de transparencia y unidad del sector agrario, García Bernal ha pedido al anterior consejero, José Antonio Echávarri, una reunión urgente con el anterior equipo de dirección y los responsables del Organismo Pagador para analizar estos hechos.

La auditoría que ejecutará la consejería de Políticas Agrarias va a revisar el correcto destino de las ayudas relativas al asesoramiento agrario y pondrá en marcha en su caso el protocolo de lucha contra el fraude establecido por el Fondo Español de Garantía Agraria.

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