La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha incidido en que son las comunidades autónomas “las responsables” de la multa de Bruselas (262,8 millones de euros) a España por incumplir los criterios en ayudas a superficie admisible de pastos.

Así ha respondido García Tejerina en el pleno del Senado a una pregunta de la portavoz socialista de Agricultura en el Senado, Elena Víboras, quien considera que es el Gobierno central el que debe hacer frente a la sanción, “por no transponer correctamente” la normativa europea.

tejerina insiste en que el Fega advirtió “hasta en cinco ocasiones” sobre la necesidad de que las regiones cumplieran el CAP

Tejerina ha señalado, sin embargo, que según la normativa vigente son las comunidades autónomas las que determinan la superficie admisible de pastos con derecho a ayudas, y mientras ha habido “algunas” regiones que “aplicaron el coeficiente” correspondiente y “no han tenido multa de Bruselas, hubo otras que no”.

Asimismo, ha apuntado que el Real Decreto que regula este asunto detalla que los organismo pagadores de las regiones “deben asumir el pago de gestión” de dichas correcciones financieras.

En su intervención, ha recordado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) advirtió en los últimos años “hasta en cinco ocasiones” sobre la necesidad de que las regiones cumplieran con el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) para las ayudas y “solo hubo algunas comunidades que sí siguieron las instrucciones” y no tienen multa.

Aun así, ha afirmado que el Gobierno “seguirá trabajando” para intentar aminorar la cuantía de la sanción.

La ministra ha precisado que se ha conseguido dividir en tres anualidades el pago de la multa, así como la demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por “considerar que la decisión de la Comisión es desproporcionada y no ajustada a Derecho”.

El PSOE incide en que el “error” fue del Ministerio y que asuma “sin mas dilación” la “totalidad” de la sanción

En su intervención, Víboras ha insistido en que el “error” fue del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) por “no transponer correctamente” la normativa europea.

Por eso, le ha pedido “responsabilidad” y que el Ejecutivo asuma “sin mas dilación” la “totalidad” de la sanción.

A su juicio, el Gobierno español “no ha hecho sus deberes correctamente” y ha aplicado “mal” la disposición.

“Muchas” comunidades autónomas han recurrido la multa de Bruselas a los tribunales y las organizaciones agrarias “han levantado su voz, mostrando su apoyo a que sea el Gobierno central” el que haga frente a la corrección financiera, ha señalado.

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