El Gobierno considera que las principales peticiones realizadas por los regantes del sureste español son contrarias a las leyes vigentes y, por tanto, no se pueden aplicar en la práctica.

Después de la manifestación de agricultores celebrada este miércoles 7 en Madrid para pedir soluciones a la sequía que sufren Alicante, Almería y Murcia, fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente han defendido en declaraciones a Efeagro la gestión del Ejecutivo en materia de agua y han apuntado que varias de las medidas propuestas no se ajustan a la normativa de las leyes vigentes.

Han citado como ejemplo la solicitud de un riego de socorro, lo que implicaría autorizar un trasvase excepcional desde el Tajo que iría “contra la ley y el reglamento”.

El Ministerio deja caer veladamente que sino se cambia la política del agua es por culpa de otros partidos políticos

En este sentido, han recordado que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía almacenan un valor por debajo del establecido por la normativa que regula el régimen del Acueducto Tajo-Segura (ATS), que fue consensuado con las comunidades autónomas implicadas.

“Para modificar la ley se necesitaría aprobar otra, lo que requiere el apoyo de muchos grupos parlamentarios”, han argumentado.

Sobre favorecer las cesiones de derechos intercuencas, desde el Ministerio se han comprometido a “seguir autorizando” aquellas operaciones que se ajusten a derecho, pero han recordado que una mayor flexibilización exigiría modificar la Ley de Aguas y causar otros problemas, como la “mercantilización” del uso del agua.

Similar argumento utiliza el Ejecutivo para rechazar la declaración de obras de emergencia para la construcción de la red de colectores y la ampliación de la desalobradora del Mojón, ya que las soluciones a los problemas de los regantes deben abordarse respetando la política de “vertido cero” en el Mar Menor.

Por ello han abogado por comparar todas las alternativas disponibles, con sus respectivos beneficios y perjuicios tanto ambientales como socioeconómicos, antes de tomar una decisión. Además, estas mismas fuentes han recordado que cualquier proyecto de obra de emergencia que exigiera la exención del trámite ambiental debería ser autorizada por el consejo de ministros.

Han negado las críticas al “tasazo” del sector de los regantes y han incidido en que las tarifas aplicadas al trasvase Tajo-Segura se rigen por la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del ATS y por una sentencia del Tribunal Supremo de 2014.

Asimismo, han recalcado que el Ejecutivo ya autorizó exenciones de cánones y tarifas a las cuencas del Duero, Júcar y Segura, con un ahorro para los regantes del ATS que estima en el entorno de los 35 millones de euros.

El Ministerio ha asegurado que pretende en 2018 “poner en marcha todas las baterías de pozos de sequía disponibles”, y ha destacado que ya ha aprobado invertir 10 millones de euros en los localizados en la Demarcación Hidrográfica del Segura para así extraer hasta 80 hectómetros cúbicos adicionales para el abastecimiento, el regadío y los caudales ambientales.

Acerca de la proposición de ampliar la máxima capacidad de las desaladoras, ha garantizado que las de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja ya funcionan al 100 % de su capacidad, y en el caso de esta última ya se trabaja con Red Eléctrica Española para duplicarla de 40 hectómetros cúbicos al año hasta 80.

Estas mismas fuentes han defendido los esfuerzos del Ministerio para afrontar una sequía que se prolonga desde hace cinco años consecutivos, y han resaltado que las leyes vigentes colocan como prioritario garantizar el abastecimiento de agua a la población.

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