La caída de hasta un 204% de los precios del calabacín, berenjena y tomate ya ‘está’ en manos de la ministra

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La caída de los precios del calabacín, berenjena y tomate, que han alcanzado incluso el 204,4% en el campo, está provocando un serio malestar en los agricultores que no sólo han decidido salir a la calle este martes 14, sino que han elaborado una carta que COAG Almería ha enviado a la ministra, Isabel García Tejerina, para que tenga conocimiento de esta realidad y actúe para investigar qué está sucediendo y cuáles son las causas de este descenso que no se refleja en los precios a los consumidores.

En la misiva, COAG Almería destaca que surante las dos últimas semanas han observado “un brusco desplome de dichos precios en el campo, que no se corresponde con la situación real de oferta-demanda y que además no se está repercutiendo a los precios pagados por el consumidor. Por ejemplo, en el caso de los precios del calabacín, en destino se han reducido sólo un 6,3% entre la semana 4 y la semana 6 de 2017, mientras que la caída de las cotizaciones en campo ha sido de un 204,2%. En berenjena la evolución ha seguido la misma tónica y mientras los precios al consumidor se han elevado un 2,6% al productor han bajado un 83%”.

Asimismo, tras reconocer que tras el temporal de frío y nueve la situación productiva se ha recuperado en cierta medida se incide en que “la caída de precios no responde, en ningún caso, a un pico de producción ni a un excedente de los mercados en origen”.

En este sentido, COAG Almería solicita que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes por parte de su departamento, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), y se soliciten investigaciones a otros departamentos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

COAG Almería considera necesario el control por parte de AICA de la aplicación de la ley 12/2013 en cualquier época y circunstancia de mercado, “y especialmente en estos momentos de especulación en la cadena”, ya que consideran que hay “además, determinados indicios que conducen a valorar la posibilidad de alteraciones coordinadas de los precios por compradores en origen, cuestión que debería ser investigada y, en su caso penalizado, por las autoridades de competencia”.

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