El Gobierno andaluz ha acordado recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión del Ejecutivo central de desviar a las comunidades autónomas la multa de 262,8 millones de euros que impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos.

La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal “de forma tardía e inadecuada” el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso, según ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

La consejera asergura que “vamos a dar una batalla política y jurídica muy fuert por una torpeza del Ejecutivo central”

Andalucía tendría que devolver 63,7 millones y la Junta “no va a asumir el error” del Gobierno central, ha recalcado el portavoz, que ha agregado que ha sido “un fallo clamoroso, sangrante” de la Administración central, por lo que los andaluces no van a “pagar los platos rotos”.

“Vamos a dar una batalla política y jurídica muy fuerte”, ha advertido tras insistir en que no van a aceptar que una “torpeza” del Ejecutivo central “se pague con el dinero de los andaluces”.

La Junta, que asegura que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones agrarias para la interposición del recurso, exige al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que asuma la totalidad de la corrección financiera, después de que el Consejo de Ministros acordara, el pasado 17 de febrero, trasladar su pago a las once comunidades autónomas afectadas.

Según un informe de la Consejería de Agricultura, que ha sido analizado hoy por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo central descarga así en las comunidades autónoma “la responsabilidad por este error”, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla.

Ello podría comprometer, ha asegurado el portavoz del Gobierno andaluz, el pago de las ayudas de la PAC, que en Andalucía suponen más de 1.400 millones de euros anuales y benefician a 300.000 agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

Dado que la decisión ministerial agotó la vía administrativa, la Junta considera que el recurso ante el TSJA es la “única manera de preservar los derechos, no sólo de los agricultores y ganaderos, sino también de toda la ciudadanía andaluza, pues resulta imposible generar dicho importe sin que se vean afectadas otras partidas tan sensibles y prioritarias como la educación o la sanidad”.

Critican que el Ministerio en su recurso a la multa ante la justicia europea no solicitara la suspensión cautelar de la medida

En caso de hacer frente a la devolución, los 63,7 millones tienen que salir directamente del presupuesto autonómico, ya que debido a la legislación estatal de estabilidad presupuestaria, tampoco es posible recurrir a la posibilidad de endeudamiento.

La Consejería de Agricultura critica también en su informe que el Gobierno de la nación, en su recurso a la multa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 26 de julio, no solicitara la suspensión cautelar de la medida.

Asimismo, recuerda que los representantes de las comunidades afectadas solicitaron una reunión con el Ministerio, a pesar de lo cual el Consejo de Ministros aprobó “sin previo aviso” el acuerdo para traspasar esta responsabilidad a las comunidades autónomas.

Junto con Andalucía, las principales comunidades afectadas son Extremadura, que tendría que devolver 79,6 millones de euros; Castilla y León (57,6 millones), y Castilla-La Mancha (32,1).

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