La patronal de la industria alimentaria ha reclamado a la AICA que se hagan públicas las sanciones impuestas a las empresas que infringen la ley de la Cadena, además de pedir más inspecciones de oficio.

Así lo ha señalado en una entrevista con Efeagro el director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, quien ha hecho un balance «muy positivo» de los cuatro años en vigor de esta normativa.

Unas multas que no son cuantiosas en lo económico pero que hacen daño en la reputación de las empresas

Además, ha abogado por «reforzar y darle legitimación activa a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)» y hacer pública toda la información sobre las sanciones que impone, ya que actualmente no se precisa la identidad de las empresas infractoras.

«Creemos que a veces las multas son de una cuantía que no supone un impacto a nivel económico dado el tamaño de la compañía, pero sí pueden ser importantes a nivel de reputación, ya que si las empresas se viesen más perjudicadas aplicarían la ley», ha razonado.

«La ley de mejora de la Cadena Alimentaria fue un hito (…), aunque no hemos conseguido todavía todo lo que creíamos ni a la velocidad que pensábamos, estamos aún en ese proceso», ha puntualizado.

En su opinión, la normativa impulsada por el Gobierno en 2013 no se dirige contra ninguno de los eslabones de la cadena en particular -distribución, industria y productores agrícolas- y establece «unas reglas marco» que estructuran y modernizan el sector vigilando por el equilibrio en las relaciones contractuales entre todas las partes.

Desde FIAB han defendido el papel esencial que juega en este sentido la AICA como instrumento con capacidad para «perseguir y sancionar» las infracciones.

Más inspecciones de oficio porque «es muy difícil denunciar» a su propio cliente

«Nosotros hemos hecho una denuncia por un caso en el que sentíamos que se había vulnerado nuestros derechos -contra DIA y Eroski por suscribir un acuerdo para realizar compras de forma conjunta a sus proveedores- y todavía está en proceso de tramitación, aunque ha habido un primer fallo positivo para nuestros intereses», ha recordado.

García de Quevedo ha apostado por incrementar las inspecciones de oficio realizadas por la AICA, ya que para las compañías que forman parte de la industria alimentaria «es muy difícil denunciar» a su propio cliente.

Sobre la entrada en funcionamiento del Código de Buenas Prácticas -un instrumento voluntario que permite ampliar las medidas recogidas por la ley de la Cadena a quienes lo suscriban-, el director general de FIAB considera que «todavía está en una fase muy embrionaria».

En este sentido, ha advertido de que de no adherirse todas las cadenas de supermercados e hipermercados, la patronal reclamará que se incorporen las medidas incluidas en el Código directamente a la normativa.

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