El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite otro recurso contencioso-administrativo que ha presentado la organización agraria Asaja contra los planes de gestión de las zonas ZEPA.

Se trata del segundo de los recursos contencioso-administrativos que ha presentado Asaja contra los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tras el que presentó el pasado mes de mayo, que acaba de admitir a trámite el TSJCM, ha informado hoy en una nota de prensa la organización agraria.

Todas las ZEPA que afectan a los agricultores de la región serán revisadas en sede jurisdiccional, según la organización

Asimismo, ha indicado que todas las disposiciones que la organización agraria ha ido impugnado en las distintas fases de alegaciones en sede administrativa ordinaria han sido llevadas, íntegramente, ante los tribunales, por considerar que la normativa es perjudicial para los agricultores y ganaderos de la región.

Por tanto, todas las zonas ZEPA que afectan a los agricultores de la región serán revisadas en sede jurisdiccional, ha añadido Asaja.

Este segundo recurso fue presentado por la organización agraria en el mes de noviembre y abarca la Orden 155/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de gestión de tres espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.

También se recurre el Decreto 57/2017, de 5 de septiembre, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

En el mismo decreto se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de dos LIC y se modifican los límites de tres zonas ZEPA.

Estos límites corresponden a las zonas ZEPA Alto Tajo, Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán y Pinar de Almorox.

Asja defiende que ha tenido que recurrir a la Justicia porque la normativa supone una limitación a la actividad de los agricultores y ganaderos

Asaja ha asegurado que tuvo que recurrir a la Justicia porque la normativa supone una limitación a la actividad de los agricultores y ganaderos e impide el desarrollo económico de los municipios afectados.

La organización agraria acudió a la justicia después de agotar todas las vías previas de conversaciones y negociaciones.

También ha recordado que la directiva marco de la Unión Europea relativa a la conservación de las aves silvestres establece que hay que conservar las aves, pero nunca limitar la agricultura, además de recoger la necesidad de compensar económicamente en el caso de que haya restricciones a actividades socioeconómicas.

Sin embargo, en el caso de Castilla-La Mancha, y a diferencia de otras comunidades autónomas, la ubicación de una actividad agraria en una zona ZEPA supone una carga para los agricultores y ganaderos y un agravante para los espacios rurales en peligro de despoblación, ha puntualizado Asaja.

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