La trama del jamón caducado, en la que están implicadas unas 30 empresas en toda España, podría llevar bastante tiempo actuando,  y parte de su mercancía ha podido acabar en los platos de comida de los presos de casi todo el país. Según publica David Placer en economíadigital.com, las cárceles españolas sirvieron a los reclusos jamones, embutidos y carnes en malas condiciones al menos hasta finales del año pasado, según fuentes de la investigación judicial.

La red empresarial, compuesta por productores y distribuidores de jamones y embutidos, captaba comida caducada o a punto de caducar en los supermercados y, en lugar de enviarla a centros especializados para su destrucción o incineración —como obliga la ley—, cambiaba fechas de caducidad y las vendía a las cárceles de toda España, con excepción de Cataluña y Baleares, según las pesquisas del Seprona.

Un juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz) estudia el alcance de la trama de empresarios que están investigados por delitos contra la salud pública, en una operación destapada por Economía Digital este martes.

De hecho, una empresa, con sede central en Murcia y con operaciones en casi toda España, podría ser la responsable de dar salida a los jamones caducados que eran reetiquetados en una nave, según la investigación judicial.

El propietario de la empresa distribuidora, Andrés Narváez, ha declarado como investigado ante la Guardia Civil, según ha reconocido a Economía Digital. Narváezestá acusado de hacer llegar a las cárceles jamones en mal estado, aunque está convencido de que las imputaciones de la Guardia Civil son producto de una “confusión” en la investigación.

“Yo no vendía productos ni caducados ni podridos. Esa fue una acusación que me hicieron pero no es cierta. Me obligaron a destruir toneladas de mercancía, pero voy a demandar a los veterinarios de la Junta de Extremadura», explica el empresario.
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