Las instituciones de la Unión Europea (UE) sellaron este miércoles 19 un pacto político sobre una nueva normativa para proteger a los productores frente a las prácticas desleales en la cadena alimentaria, algo que reclamaban muchas cooperativas y pequeños productores desde hace años.

La legislación cubrirá los productos agrícolas y los alimentos comercializados en la cadena alimentaria, y por primera vez prohibirá 16 prácticas de imposición unilateral de condiciones, mientras que otras solo se permitirán si hay un acuerdo previo entre las partes.

Entre otras prácticas prohibidas se incluirán las cancelaciones de último minuto, los cambios de contrato unilaterales o retroactivos, forzar a pagar a productos en malas condiciones o el rechazo de los contratos por escrito.

Por otra parte, las prácticas que solo se autorizarán si cuentan con el previo acuerdo de las partes incluyen por ejemplo el caso del comprador que devuelve sus productos alimentarios no vendidos al proveedor o del proveedor que paga una campaña de comercialización o promoción de comprador. La nueva normativa permitirá además a los países imponer sanciones cuando se infrinjan las normas.

El Parlamento Europeo deberá votar ahora el acuerdo alcanzado, antes de que las instituciones comunitarias puedan formalizarlo

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, dijo en un comunicado que el acuerdo ayudará a proteger a los productores, las organizaciones y las pymes frente a los grandes operadores que actúen de manera desleal.

Las nuevas reglas afectarán a los minoristas, procesadores de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, y a los productores que participen en cualquiera de las prácticas comerciales desleales identificadas.

Según Bruselas, la aplicación de las nuevas normas para proteger a los productores no encarecerá los precios para los consumidores. Los Estados miembros tendrán que designar a autoridades nacionales para aplicar las nuevas normas, como ya sucede en España, aunque con un resultado no muy satisfactorio. El Parlamento Europeo deberá votar ahora el acuerdo alcanzado, antes de que las instituciones comunitarias puedan formalizarlo.

La ONG Oxfam valoró en un comunicado la nueva normativa, que consideró un “importante primer paso”, aunque advirtió de que harán falta “más medidas” e invitó a los países a incluir prácticas adicionales en la lista de comportamientos que pueden ser sancionados.

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