El Parlament catalán ha aprobado este miércoles 28 una iniciativa legislativa popular (ILP) pionera en Europa que regula el consumo, suministro, cultivo y transporte de cannabis y que cubrirá el vacío legal en el que operan los clubes de cannabis que hasta ahora se encontraban en la alegalidad. Todos los partidos, salvo el PP, han respaldado esta iniciativa logrando que lo que tanto ha roto la independencia catalana lo haya unido ahora (políticamente hablando) la marihuana.

A partir de la entrada en vigor de la norma, estos clubes estarán facultados para cultivar marihuana, siempre con un límite de 150 kilogramos de marihuana seca al año y siempre que dispongan de un informe pericial que asegure la calidad sanitaria e higiénica de la sustancia. Serán además las mismas asociaciones las encargadas de transportarla hasta los puntos de distribución, acreditando una serie de condiciones de seguridad, y suministrarla entre sus asociados, especialmente para evitar problemas con la Policía en caso de algún control.

Habrá un límite de 60 gramos al mes de consumo recreativo y medidas para evitar el turismo cannábico

La ley establece, para el consumo recreativo, el límite de 60 gramos al mes por cada consumidor, 20 si se tienen entre 18 y 20 años. Además, se exige que antes de la primera compra el asociado lleve inscrito en la asociación al menos 15 días, para evitar el turismo cannábico. También establece unos requisitos para hacerse socio, entre ellos el aval de un miembro antiguo. Estas limitaciones se eliminan en el caso del consumo terapéutico de la droga, para la que solo se necesitará acreditar la recomendación médica.

Otro de los puntos importantes de la ley es que fija por primera vez las características que deben tener este tipo de asociaciones. Según el texto aprobado, estas serán siempre sin ánimo de lucro, debiendo revertir los beneficios en su propia base social, y constituidas por no más de un millar de personas, ya consumidoras y mayores de edad. Además los clubes deberán autoabastecerse de marihuana por la vía del autoconsumo, evitando en todo caso la venta externa o al por mayor.
El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra, cargando contra la norma por considerar que fomenta el consumo de la droga y es contraria al código penal. Pese a su minoría parlamentaria, el grupo ya advertido que intentará parar la norma en el Tribunal Constitucional, algo que el Gobierno de Mariano Rajoy ya había advertido al considerar que la aprobación del consumo de una droga es competencia del Estado.

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