Las explotaciones de regadío y las comunidades de regantes vienen sufriendo desde hace años incrementos inasumibles en las facturas eléctricas que reducen la competitividad del regadío y producen un agravio con respecto a otros países. La superficie de riego en Andalucía supone 1.100.000 hectáreas (25% de la Superficie Agrícola Utilizada andaluza) y representan un 67% de la Renta Agraria y el 63% del empleo agrario (UTA). Cualquier incremento en los costes de producción, como ha ocurrido en los últimos días con la subida del precio de la electricidad, merma la competitividad de las explotaciones de riego y asfixia aún más a los agricultores.

La desaparición de la tarifa especial de riego agrícola en 2008 provocó que los costes de suministro eléctrico en las comunidades de regantes se duplicaran: las tarifas especiales de riego agrícola garantizaban unos precios regulados para el suministro de energía a las comunidades de regantes, que pasaron a tener que contratar la electricidad en el mercado liberalizado a precios muy superiores.

Además, el incremento del coste del término de potencia en 2013 que acarreó la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisaron los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013, elevó de forma desorbitada los precios unitarios del término de potencia.

“Creemos que el Gobierno no puede permitir que el regadío español sea uno de los que más paga por la electricidad en toda Europa”

Aunque el mercado eléctrico liberalizado ofrece la ventaja de elegir al suministrador de energía y negociar los precios, las comunidades de regantes se han visto afectadas muy negativamente por el incremento del término fijo de potencia contratada, incluso intentado hacer el máximo consumo de energía en los periodos más baratos.

A pesar de estos obstáculos, los regantes siguen afanándose en modernizar sus explotaciones con el fin de ahorrar agua y aumentar la eficiencia del riego, realizando grandes inversiones y endeudándose en el mercado financiero. Por todo ello, CREA considera imprescindible una regulación del sector eléctrico que ofrezca un modelo de tarifación más justa para los regantes.

Si bien los cambios en el sistema eléctrico español son complejos, debido en gran medida al oligopolio de las compañías suministradoras, “creemos que el Gobierno no puede permitir que el regadío español sea uno de los que más paga por la electricidad en toda Europa”, aseguran enuna nota.

La escalada del precio de la electricidad está repercutiendo en las empresas de suministro, y esto se traduce en revisiones al alza de las facturas o directamente en la rescisión de contratos, ya que las empresas eléctricas no están dispuestas a asumir el sobrecoste que supone vender energía por debajo del precio de mercado.

Por ello, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, CREA, le ha transmitido a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al Ministro de Agricultura, Luis Planas, la necesidad de que el Gobierno tome en consideración, de una vez por todas, medidas que favorezcan al regadío y que son reivindicaciones históricas del sector, como un tratamiento impositivo reducido similar al de otros países comunitarios o la posibilidad de firmar con las eléctricas dos contratos al año con potencias diferentes.

El Gobierno debe regular el sector eléctrico de modo que sea más justo y razonable y que, en particular, no castigue a sectores vulnerables como el regadío, que garantiza alimentos de calidad respetando el medioambiente, fija población en las zonas rurales y es indispensable para mantener el tejido socio-económico de nuestro país.

CREA confía en que la intervención de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mañana comparece en el Congreso de los Diputados para informar de las medidas que impulsará el Gobierno ante el incremento del precio de la electricidad, vaya en esta línea.

Aunque según la Ministra son muchos los elementos que influyen en el incremento, como la subida de los precios de las materias primas (sobre todo gas y carbón) y de los derechos de emisiones de CO2 en los mercados, CREA espera que el ejecutivo sea consciente con la problemática existente y reaccione a tiempo.

Por otro lado, CREA es consciente de que la energía fotovoltaica es una fórmula que permite reducir los costes eléctricos, ya que la disponibilidad de energía a través de esta fuente es totalmente compatible con la estacionalidad de los riegos (hay más energía cuando las necesidades hídricas son mayores). Para facilitar esta implantación, también es necesario que las administraciones pongan de su parte y favorezcan e impulsen esta fuente de energía de manera general, y especialmente en el regadío. En este sentido, CREA valora positivamente el reciente anuncio de Teresa Ribera confirmando que el Gobierno eliminará el llamado “impuesto al sol”, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España.

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