El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de las ayudas destinadas a la modernización del olivar en Extremadura, para lo que la Junta destinará 2.050.000 euros, cofinanciados en un 75 % por el fondo Feader, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que la cuantía de la subvención tendrá como límite el 50 % de la inversión aprobada.

A la anterior convocatoria se presentaron 140 expedientes, con “una inversión de 1.297.000 euros, de la que finalmente se ejecutó 648.000 euros”, ha precisado.

Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio de 2018, están dirigidas a olivicultores que sean agricultores activos, quienes deberán realizar las inversiones subvencionables y adquirir los compromisos establecidos.

Entre las actuaciones objeto de estas ayudas están la mejora de las condiciones de la parcela de olivar para incrementar su rendimiento económico y la sostenibilidad de las explotaciones.

LOS proyectos deberán ser viables técnica, económica y financieramente y cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente

También serán subvencionables las inversiones necesarias para realizar el injerto de una plantación ya establecida, con el objeto de cambiar a una variedad con mejores aptitudes productivas o comerciales y supongan una mejora en las cuentas de la explotación.

Igualmente, entre las actuaciones subvencionables se encuentra el arranque de la totalidad de los olivos existentes en las parcelas de olivar por las que se solicita ayuda; la preparación del suelo en el que se proyecta la nueva plantación; así como la plantación de los olivos, incluyendo la adquisición de la planta, colocación de la misma en el terreno y el riego, si fuese preciso.

Los proyectos deberán ser viables técnica, económica y financieramente y cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para la realización de los controles del sistema de información de los mercados oleícolas (aceite de oliva y aceitunas de mesa), por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Asimismo, se ha autorizado la firma de un convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la citada Consejería para el intercambio de datos, a efectos del control de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de la comunidad.

Será necesario obtener autorización administrativa para la puesta en cultivo de suelos forestal, pasto con arbolado, pasto arbustivo con arbolado y pastizal con arbolado

El objetivo es agilizar dicho proceso y obtener una información que satisfaga las necesidades de las dos Administraciones, “optimizando de esta manera la gestión y el gasto que comporta”.

Por otro lado, se ha aprobado un decreto mediante el cual se regula el procedimiento administrativo de autorización de cambio del uso de suelo forestal a cultivos agrícolas en Extremadura.

De acuerdo con el decreto, será necesario obtener autorización administrativa para la puesta en cultivo de los suelos que tengan los siguientes usos en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac): forestal, pasto con arbolado, pasto arbustivo con arbolado y pastizal con arbolado.

También será necesario obtener autorización administrativa cuando se pretenda implantar un cultivo agrícola permanente sobre un terreno donde exista arbolado forestal o sobre pastizales y/o matorrales incluidos en zonas de la Red Natura 2000.

La Junta ha argumentado que ante la numerosa legislación existente que afecta a la regulación de cambios de uso de suelo forestal a cultivos agrícolas, resulta “conveniente ordenar y actualizar el procedimiento, incluyendo referencias a todas las normas que sean de aplicación a esta materia”.

Se pretende también proporcionar al interesado mayor seguridad jurídica y una mayor transparencia, agilidad y reducción de cargas en la tramitación administrativa.

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