La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles 19 que el Gobierno no tiene constancia de un aumento de las importaciones citrícolas de Sudáfrica que haga necesario solicitar a la Comisión Europea (CE) la activación de medidas, como la cláusula de salvaguardia, para frenar su entrada en la Unión Europea (UE).

Calviño ha respondido así en el Congreso a la interpelación urgente formulada por el diputado de Compromís Joan Baldoví en la que defendía la activación de la cláusula de salvaguardia del Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los países del África del Sur, ya que a su juicio “las importaciones de Sudáfrica están hundiendo la campaña citrícola“.

Ante la imposibilidad del ministro de Agricultura, Luis Planas, de responder a la interpelación de Baldoví por encontrarse en Bruselas, Calviño ha hecho una defensa de los controles fitosanitarios en frontera de la UE, que durante 2018 han interceptado 48 partidas de cítricos sudafricanos infectadas por la enfermedad de la “mancha negra”.

Muchas excusas para acabar diciendo que no

Ha explicado que la cláusula de salvaguardia se puede activar si se dan las circunstancias previstas en el artículo 34 del Acuerdo de Asociación, como que el producto en cuestión se haya importado en cantidades cada vez mayores y en condiciones que causen un perjuicio grave a mercados de productos agrícolas comunitarios.

“En base a este artículo, la UE podría iniciar una investigación para aplicar una salvaguardia bilateral y así evaluar con datos objetivos y cuantificables que la entrada de los cítricos de Sudáfrica está comportando cambios en el nivel de ventas o descensos de producción o productividad”, entre otros aspectos, ha apuntado.

“Solo de confirmarse estos extremos se podrían introducir contingentes arancelarios con una vigencia temporal y adoptados solos o complementariamente con otras medidas”, ha añadido.

Ha recordado que antes de poder presentar una propuesta en este sentido, los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria, Comercio y Turismo han de evaluar que haya daño o amenaza de daño grave para un sector.

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