El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la intención de abordar durante la próxima legislatura una nueva Ley de la Viña y el Vino, en consenso con todo el sector, aunque lo ha hecho en plena polémica por la caída de los precios de la uva en esta región y la sospecha de que las industrias han podido pactar estos precios.

De hecho, ASAJA CLM ha sido la última en posicionarse sobre la polémica caída de precios y ha explicado que “resulta sospecho que las tablillas que recogen los precios de las uvas en las puertas de las bodegas compradoras se hayan publicado al mismo tiempo y con cantidades semejantes en las distintas zonas de la región”.

ASAJA CLM valora la posibilidad de presentar una demanda o denuncia para que se investiguen posibles prácticas irregulares

Por eso, ASAJA CLM ha denunciado públicamente que la información de los precios se ha dado con la vendimia ya iniciada, a pesar de que la Ley de la Cadena Agroalimentaria establece la obligación de los operadores de dar a conocer al viticultor los precios de su producto antes de entregar la cosecha. Incluso, ha asegurado, algunas industrias aún no han facilitado las cantidades, y otras, han podido firmar contratos previos con precios referenciados a los de las tablillas y/o con primas sin especificar.

Por estos motivos, el Comité Ejecutivo Regional de la organización agraria, que se reunirá este jueves en Toledo, valorará la posibilidad de presentar una demanda o denuncia para que se investiguen posibles prácticas irregulares ante las Administraciones competentes, como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Consejería de Agricultura.

La posibilidad de unos precios de la uva alterados, según ASAJA CLM, “perjudica seriamente a los agricultores y a la clarificación del mercado” y pide a las Administraciones que no miren a otro lado y actúen con urgencia. Además, ha asegurado que los precios publicados no se ajustan a las circunstancias del mercado y de producción actuales, puesto que las existencias de vino en bodegas y cooperativas son prácticamente nulas y las exportaciones están siendo favorables, y una alteración puede suponer insuperables pérdidas económicas para los viticultores”.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, ajeno a esta polémica de los precios, defiende que la nueva Ley de la Viña y el Vinose debe basar en el consenso con todo el sector para que “impulse y establezca el cauce de negociación y, sobre todo, que permita a la administración gestionar mucho mejor la cantidad de fondos económicos”.

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