ASAJA ha pedido a los ayuntamientos de Castilla y León que se apiaden de los productores y que no apliquen este 2018 subidas en el IBI de naves ganaderas o de uso agrario y demuestren “sensibilidad con el sector, tras una de las peores campañas que se recuerdan tanto para los agricultores como para los ganaderos”.

A pesar de que el IBI es nacional, su gestión corresponde a las administraciones autonómicas, provinciales y locales. En este sentido, los pasados días, salía publicado el Real Decreto Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprobaban diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018. ASAJA destaca que Castilla y León es una de las comunidades en las que más municipios han solicitado esta subida, en total 522 ayuntamientos.

“no se tiene en cuenta que el valor de mercado no es el mismo en un pueblo que en una ciudad”

Por otro lado, la organización señala que es obligación de las administraciones contribuir a frenar la despoblación galopante que arrasa a los pueblos del medio rural, “y eso requiere un trato fiscal favorable, adecuado a sus necesidades. Algo aún más importante en un año como el que ahora comienza, con los agricultores y ganaderos tratando de remontar tras la catastrófica campaña pasada, marcada por una sequía que todavía se prolonga.”

La organización profesional agraria considera que no se puede aplicar en los pueblos pequeños los mismos baremos que a las grandes urbes: “se aplican criterios como el valor de la edificación, pero no se tiene en cuenta que el valor de mercado no es el mismo en un pueblo que en una ciudad, ni las prestaciones públicas que se reciben en el medio rural son las mismas”, han indicado.

Además, ASAJA mantiene que estas subidas en el IBI de las naves ganaderas o de uso agrario “muchas veces no tienen ninguna justificación porque no hay una actividad ni rendimiento económico que lo respalde y, para más agravio, los agricultores y ganaderos se sienten indefensos porque llegan sin posibilidades reales de reclamación porque la Administración para estudiar las propuestas exige presentar una larga retahíla de documentos, muchos de los cuales ni existen ni han existido nunca”.

Por eso, desde la organización se apela a la responsabilidad de los municipios con el objetivo de que no suban dicho impuestos, penalizando a los productores. Igualmente, solicitan que los técnicos de Hacienda tengan en consideración el contexto en el que se utilizan las naves agrícolas y ganaderas.

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