Ariel Jerez, Estefanía Torres, Irene de Miguel, Diego Cañamero, Francisco Garrido, Margalida Qetglas / Consejeros y Consejeras Estatales. Área de Mundo Rural – Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad de Podemos
El comisario responsable de agricultura Phil Hogan remarcó ayer en su presentación del documento de directrices para la reforma de la PAC, que estamos ante una evolución y no ante una revolución. Sin embargo y desde hace muchos años, organizaciones agrarias, ecologistas, de consumidores, así como entidades y colectivos de desarrollo rural, venimos exigiendo una reorientación profunda y radical de la Política Agraria Común.
La PAC consume el 38% del presupuesto comunitario lo que exige un debate profundo y con amplia participación. La PAC es la más común de las Políticas Europeas y marca de manera importante el futuro de 44 millones de empleos del sector agroalimentario y de los y las ciudadanas que residen en el 48% del territorio de la Unión Europea. En nuestro país, 1 millón de explotaciones agropecuarias, 2 millones de empleos directos entre agricultores y eventuales del campo, y otros 2 millones de empleos directamente vinculados al sector agroalimentario y al desarrollo rural siguen con atención el proceso de reforma de la PAC puesto que su futuro depende en gran medida de ello.
Al mismo tiempo, el conjunto de la ciudadanía reclama el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, la necesidad de frenar el desperdicio alimentario, siente la preocupación por los impactos ambientales del modelo intensivo e industrial de agricultura, reclama respuestas efectivas contra el cambio climático, reconoce la necesidad de una renta digna y justa para los agricultores y agricultoras y una mayor transparencia de la cadena alimentaria, se preocupa por los derechos y el bienestar de los animales, y exige medidas de lucha contra la despoblación. Todas estas cuestiones fueron evidentes en el proceso de consulta ciudadana sobre el Futuro de la PAC que se cerró el pasado 2 de mayo en el que participaron 320.000 ciudadanos. La Unión Europea debe responder a estas demandas si quiere recuperar la legitimidad social para la PAC
Si bien la Comisión como en otras ocasiones, hace un análisis adecuado de la realidad del medio rural y del sector agropecuario, sin embargo, no plantea las medidas de impacto que se requieren para corregir el rumbo del PAC
El documento hecho público, vuelve a traicionar los objetivos de la PAC recogidos en el Tratado de la Unión y vuelve a sacrificar el interés general de los pequeños y medianos productores y productoras, así como de la ciudadanía del medio rural, al ansia especuladora de los grandes grupos agroquímicos y agroindustriales que tienen como objetivo la liberalización de los mercados internacionales. El debate sobre la Futura PAC, no es ajeno al debate al que asistimos en la última semana sobre la renovación de los permisos al glifosato, o al régimen de comercio que la UE está profundizando bajo los acuerdos comerciales del CETA o los que actualmente se negocian con el MERCOSUR o Japón.
El documento presentado recoge ideas que pueden significar palancas de cambio sobre las que un gobierno responsable pudiera actuar y este es el elemento esencial del documento, la posibilidad que se abre para aumentar el principio de subsidiariedad en la aplicación de la PAC y el incremento de la responsabilidad de los estados. Sin embargo, en este marco liberalizador, la capacidad de las regiones y de los estados para oponerse a esta tendencia e impulsar objetivos y medidas acordes con la soberanía alimentaria queda muy limitada
Estando de acuerdo que los pagos directos son un instrumento esencia de la PAC, es necesaria la revisión absoluta de las bases sobre las que se otorgan. Parece imposible que la intención de apoyar la PAC en los resultados y los impactos conseguidos, pueda lograrse si se mantiene la actual distribución de derechos históricos que se ha demostrado absolutamente injusta e ineficaz. Por otra parte, nos parece importante destacar por su efecto redistributivo, la posibilidad de establecer por fin un un techo máximo obligatorio de los pagos directos por explotación”, y no voluntario para los países como ahora. Además, se plantea que los pagos directos tengan en cuenta el empleo generad0. Se añade la posibilidad, además, de pagos “decrecientes” en función del tamaño de las explotaciones, como un sistema para reducir el apoyo a las más grandes y promover un reparto “más equitativo”
Sin embargo, la contradicción interna del documento es evidente y lo demuestra el hecho de que no apueste claramente por los agricultores y agricultoras, así como ganaderos y ganaderas profesionales, dejando la puerta abierta a que los estados puedan rebajar estas exigencias.
Igualmente, y a pesar de que el documento apunta a la ampliación de los objetivos para el sector agrario en relación con el cambio climático como; la reducción de gases efecto invernadero, o la disminución del uso de nitratos, o el aumento de la superficie en agricultura ecológica, sin embargo, no traslada esta idea en una apuesta clara por un modelo de agricultura y ganadería sostenible, ligada al territorio y con claros objetivos de desintensificación.
La falta de transparencia y justicia en el funcionamiento de la cadena alimentaria no es algo que surja de la nada, sino que es consustancial al modelo de agricultura que se ha venido impulsando. Nos satisface que constituya una fuerte preocupación para la Comisión, sin embargo, esto no se conseguirá si no se fortalecen las medidas de regulación de mercados, y en este sentido, en el documento no aparecen demasiadas ideas. Relacionado con la volatilidad y la vulnerabilidad de las explotaciones, se propone crear una plataforma a escala de la UE sobre la gestión de riesgos, pero tememos que este modelo signifique la privatización del modelo de los seguros agrarios.
Por último, y por primera vez en los sesenta años de historia de la PAC, el documento acentúa la responsabilidad de cada uno de los estados en la ejecución de la Política Agraria, y se abre la posibilidad de que sean los países los que delimiten los propios objetivos y medidas tanto en el primer pilar de ayudas directas, como en el segundo de desarrollo rural. Esto implicaría un mayor seguimiento en el cumplimiento y controles estrictos. El Ministerio de Agricultura de España, al igual que varios Gobiernos Autonómicos han reaccionado de forma rápida y muy negativa ante esta idea. Sin embargo, y a la vista de la nefasta experiencia acumulada en la gestión que España ha hecho de la PAC, no puede sino llamarnos la atención. No podemos sino pensar que quizás la posibilidad de adecuar los instrumentos y medidas a la realidad sea una vía interesante que merece la pena analizar, ¿que podría hacer un gobierno con voluntad profunda de cambio social y de lucha por la defensa de la soberanía alimentaria y un mundo rural vivo, si tuviera la posibilidad de aterrizar de manera ajustada a la realidad de cada territorio rural y a las necesidades de cada sector productivo los ingentes recursos que suponen la PAC?