El nuevo Gobierno se estrena este martes 12 en el Congreso y lo hará mirando, aunque sea de refilón, en lo que se puede considerar como el primer pulso de la PAC, en al que será su primera prueba de fuego en esta materia, al tener que debatir y decidir si se acepta o no una moción de Unidos Podemos que plantea condicionar la percepción de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de las condiciones de trabajo, sancionando así a las empresas agrícolas que vulneren derechos laborales.

Esta iniciativa, que se ha convertido en el primer pulso de la PAC,  es consecuencia de la interpelación que su diputado Diego Cañamero dirigió el pasado 30 de mayo a la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. En ese debate, Cañamero reclamó intensificar la supervisión de las condiciones laborales en el campo y la firma de un convenio marco de relaciones laborales en este sector de actividad.

En el texto de la moción, firmado por él y su compañera Isabel Franco, Unidos Podemos reclama la convocatoria de una mesa de negociación de ámbito estatal donde reflejar “las condiciones de vida y trabajo mínimas y comunes”, con elementos como el salario, la vivienda o el transporte.

Esta interpelación a Báñez tuvo lugar días antes de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) contra las represalias que, aseguraba esta organización, habían sufrido unas 400 trabajadoras de la campaña de la fresa en Almonte (Huelva) tras denunciar sus condiciones de trabajo.

Según denunció el SAT, un centenar de trabajadoras procedentes de Marruecos interpusieron denuncias por el incumplimiento de las condiciones firmadas, llegando en algunos casos a no haber cobrado nada de sueldo hasta el momento. Asimismo, el sindicato aseguraba que tras las denuncias, muchas de las trabajadoras habían sido forzadas a abandonar los campos con el objeto de adelantar, en contra de su voluntad, su regreso a su país.

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