Las organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración han remitido al Presidente del Gobierno un informe jurídico en referencia al impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas aprobada en Cataluña el pasado mes mayo.

Según este estudio sobre la constitucionalidad del impuesto a las bebidas azucaradas, elaborado por Uría Menéndez, esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo “afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad”.

Estos sectores valoran muy negativamente la entrada en vigor de este impuesto por las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por  las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Critican la falta de evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas y su efecto en la remolacha

Las organizaciones firmantes, ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN, representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, Casi el 30% del empleo total del país.

Así, estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines.

Desde FIAB, se ha destacado cómo “la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada. La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido”.

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias advierten del posible coste social del nuevo impuesto, y consideran que “la remolacha es un cultivo estratégico para el campo español, precisamente en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año”. Por ello lamentan la estigmatización de un producto alimentario y el “golpe” que da este impuesto al sector en este momento, considerando que  podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España.

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