El sector productor e industrial del huevo considera que eliminar la producción en jaulas es una “imposición” desde los grupos animalistas que genera riesgos al granjero por la posibilidad de que “quede fuera del mercado” en caso de que decida continuar con ese sistema, autorizado dentro de la UE.

Lo asegura en una entrevista con Efeagro la directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos (Inprovo), Mar Fernández, quien hace un repaso por la actualidad de un sector que factura más de 1.000 millones de euros al año y es el cuarto productor comunitario.

El anuncio de varias cadenas de distribución de dejar de vender huevos de gallinas en jaula, “condicionadas por los animalistas” a su juicio, fue uno de los asuntos que marcó 2018, según Fernández.

Temen otra campaña tras la de las de la jaulas contra las gallinas en suelo, porque, “en el fondo al activismo vegano no le servirá ningún sistema de producción”

Hay ya “muchos” productores que están construyendo granjas nuevas de suelo, como sistema alternativo a las jaulas: “han tenido que empezar a pensar en hacer inversiones y cambios” para adaptarse a esta situación; de hecho, de acuerdo a sus datos, en 2018 se han invertido 200 millones en nuevas instalaciones.

Para Fernández, cerrar las jaulas e invertir en otros sistemas conlleva riesgos para el productor, ya que hace el desembolso y puede que luego se “ponga sobre la mesa otra campaña, por ejemplo contra las gallinas en suelo”, porque, “en el fondo”, al activismo vegano “no le servirá ningún” sistema de producción, “ni el campero”.

“Es una dificultad porque quienes están marcando el futuro -en referencia a los animalistas- no se juegan nada, no arriesgan”, subraya.

Fernández cree que, si se eliminan determinadas formas de producir huevos, el consumidor se encontrará con que “no habrá lo que él quiere en el mercado”, ya que “otros habrán decidido por él; están condicionando a todos la forma de consumir”.

Para la directora de Inprovo, el discurso vegano ha encajado “perfectamente” en la sociedad urbana, que “no sabía nada” de la ganadería, y “le están contando lo que es de una manera bastante tergiversada”.

El uso “muy afortunado” que los movimientos animalistas hacen de la comunicación a través de las redes sociales o en medios en los que encuentran “cierta receptividad” ha sido clave para expandir sus mensajes, asegura.

En ese sentido, admite que su sector quizá no le ha prestado -a la comunicación- la atención que debiera para “contrarrestarlos”.

Por otra parte, el sector está atento a la celebración de las próximas elecciones porque, según Fernández, la “mayor parte” de las decisiones que les afectan son de índole política.

El sector está pendiente de su primera extensión de norma y de cómo darte visibilidad e importancia al huevo

En ese sentido, incide en que hay formaciones políticas que perciben “con más sensibilidad” la importancia que las producciones agrícolas y ganaderas tienen en la economía y la sociedad.

El sector está pendiente, además, de su primera extensión de norma, que espera que sea aprobada antes de que finalice el año; un paso importante, ya que no contaban con ninguna a pesar de que la interprofesional lleva más de 20 años activa.

El objetivo es desarrollar acciones de comunicación para “reconocer toda la importancia del huevo y darle visibilidad”; la promoción es importante: “al final aunque sea un producto básico, queda relegado”, afirma.

Inprovo está centrada en dar a conocer este producto como un “alimento excepcional”, que tiene “muchas ventajas y virtudes”, y quiere transmitir que es un “complemento ideal para el desayuno” e incorporarlo en momentos “en los que no se nos había ocurrido”.

El sector español del huevo facturó en 2017 (últimos datos anuales disponibles) 1.326 millones de euros y representa el 7 % del valor de la producción final ganadera y el 2,7 % de la agraria; produce anualmente unos 1.100 millones de docenas, con un censo de gallinas ponedoras que ronda los 47 millones de aves.

España exportó huevo en 2018 por valor de 104,6 millones de euros, de los que la mayor parte (68,5 %) se facturaron de los envíos intracomunitarios.

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