La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha vuelto a dirigirse al Defensor del Pueblo, cargo que hoy ocupa Francisco M. Fernández Marugán, para que reclame al MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), que de una vez se lleve a cabo la aplicabilidad de la Ley 12/2014 de 9 de julio por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

La organización denuncia que el 30 de julio de 2014, hace ya cuatro años, entró en vigor una ley que no se está cumpliendo y, como consecuencia, se está produciendo una vulneración del derecho de los agricultores y ganaderos a elegir libremente a las organizaciones que deben representarlos.

“Esto no es una cuestión de prioridades, porque se puede trabajar en traer la democracia al campo y en todo lo demás”

La Oficina del Defensor, a resultas de la queja presentada por Unión de Uniones, realizó durante varias gestiones ante el anterior equipo de Gobierno que desembocaron en un Recordatorio de Deberes legales, que aún está pendiente de acatar. Por ello la organización ha insistido en que el Defensor del Pueblo retome las actuaciones en este asunto.

“Esto no es una cuestión de prioridades, porque se puede trabajar en traer la democracia al campo y en todo lo demás” expresan desde Unión de Uniones, “es que hay una Ley en la vía muerta desde hace cuatro años y de que se está secuestrando un derecho de miles de agricultores y ganaderos”.

La organización destaca que, precisamente la importancia de los muchos asuntos que hay en la Agenda agraria, hace imprescindible que los agricultores decidan en las urnas quien debe sentarse a representarlos a la hora de negociarlos y por ello, aprovechando el reciente cambio político que se ha producido en el Ejecutivo la organización no quiere perder la oportunidad de volver a retomar este tema con renovada insistencia.

Unión de Uniones señala que el anterior Gobierno dio claras muestras de su voluntad por demorar y eludir el cumplimiento de dicha Ley mostrando un evidente desprecio durante cuatro años hacia las recomendaciones de una alta institución, como la del Defensor del Pueblo, y del trabajo del Legislativo. Hoy, si el actual Ministro Planas no quiere pasar por ser el heredero cómplice del Partido Popular en este asunto, debe asumir el compromiso de regeneración democrática y llevar a cabo cuanto antes la consulta electoral agraria prevista en la Ley para que la representatividad institucional sea un fiel reflejo de la realidad del campo.

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