El consejero de Agricultura de La Rioja, Iñigo Nagore, ha anunciado el arranque en Rioja de 20,76 hectáreas procedentes del reparto de plantaciones para Cava, pero que están plantadas con variedades no autorizadas por Cava y sí por Rioja o en municipios de Rioja que no pertenecen a la DO Cava. Nagore también ha aclarado que “ninguna de las hectáreas procedentes de Cava han sido inscritas en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja”.

El consejero ha comparecido en el Parlamento regional, a petición del Grupo Socialista, para explicar lo ocurrido con el reparto de derechos de plantación destinados a la Denominación de Origen Cava, que se realizó en 2014.

Ha detallado que todo comenzó con la Orden 16/2014 de 14 de julio, por la que se convocaron y regularon las condiciones para la asignación de derechos procedentes de la reserva regional para la plantación en La Rioja de superficies inscritas en la DO Cava.

Transcurrido el plazo, se registraron 56 solicitantes por una superficie de 151,1 hectáreas y, aplicando los criterios de resolución, se concluyó con 74,67 hectáreas con resolución de plantación firme, correspondientes a 34 personas físicas y 2 jurídicas, ha detallado Nagore.

Todo se justifica en base a una incorrecta interpretación en el Servicio de Viñedo de la Consejería por el cambio de normativa

En abril de 2015, el Servicio de Viñedo de la Consejería de Agricultura recibió un oficio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, en el que se comunicaba que había detectado superficies que se estaban proponiendo desde este departamento de la Consejería para su inscripción como Rioja y que podían proceder del reparto de Cava.

La Consejería de Agricultura encargó una auditoría interna y se suspendió cualquier inscripción en el Registro de Viñedo vinculada a aquella Orden de reparto de derechos para cava y se solicitó al Consejo Regulador la suspensión de cualquier nueva inscripción relativa a los expedientes afectados.

El servicio de Auditoría Interna de la Consejería emitió un informe el 27 de agosto de 2018, después de revisar todos los expedientes y haber recabado la opinión del Servicio de Viñedo.

El reparto final fue de fue de 74,67 hectáreas, de las que actualmente se encuentran plantadas 71,38 correspondientes a 34 solicitantes.

De la auditoría interna se comprobó que había 39,53 hectáreas susceptibles de irregularidad, de las que 18,76 se solucionan simplemente con la corrección de un apunte informático realizado el en Registro de Viñedo sobre su destino y 20,76 -que es el 52,5 %- que deberán ser arrancadas.

Esta obligatoriedad de arranque se explica por ser hectáreas inscritas dentro de Cava pero con variedades no autorizadas por Cava o plantadas fuera de la zona amparada por esta Denominación, ha precisado Nagore.

Ha reconocido ello se explica por que, tras la auditoría interna realizada, ha habido una incorrecta interpretación en el Servicio de Viñedo de la Consejería causado por el cambio de normativa, al convertir los derechos de plantación en autorizaciones, por lo que “no se ha cometido un fraude de manera consciente”.

Ha precisado que las medidas adoptadas desde que la Consejería se enteró de la posibilidad de que podrían estar inscritas superficies de esa procedencia en Rioja fue la de actuar rápidamente para evitar que se consumara la inscripción y, después, se solicitó al Consejo Regulador de la DOCa Rioja que no procediera a inscribirlas.

Nagore ha incidido en que esas inscripciones se han producido debido a que ha habido una interpretación errónea de la normativa y se ha producido “sin que el equipo de dirección de la Consejería tuviera conocimiento de la misma”.

Ha subrayado que no entra a valorar qué responsabilidad han podido tener los beneficiarios de los derechos, pero ha indicado que, si pidieron plantaciones para cava, debían haber plantado cava.

El consejero ha insistido en que admite que el Servicio de Viñedo de su departamento no ha funcionado bien en este asunto, pero ha incidido en que no ha habido un fraude consentido en este asunto, por lo que cree que “no hay argumentos sólidos” para que esté en la obligación de dimitir como le han solicitado los grupos Socialista y Podemos.

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