El Síndic de Greuges de Cataluña propone que los informes de aptitudes psíquicas y físicas para la obtención de licencias de armas sólo se puedan expedir en centros autorizados y que, además, se aporte un reconocimiento psicológico realizado por especialistas de la Seguridad Social.

Ésta es una de las recomendaciones del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una investigación que abrió a raíz de la muerte de dos agentes rurales a manos de un cazador en un coto de caza de Aspa (Lleida), el pasado mes de enero, según informa la oficina del Síndic en un comunicado.

Recomienda que se apruebe el reglamento sobre la seguridad y la protección de los agentes rurales

Más allá de constatar que es necesario reforzar las medidas de protección y seguridad del Cuerpo de Agentes Rurales, el Síndic reclama también un debate más amplio sobre la situación del ámbito de la caza en Cataluña.

Ribó ha considerado que el Parlament de Cataluña debe elaborar una ley de caza propia, de acuerdo con el modelo normativo que previamente se haya debatido y acordado, lo que debería comportar un traspaso de competencias por parte del Estado a la Generalitat en este ámbito.

También recomienda que se apruebe el reglamento sobre la seguridad y la protección de los agentes rurales que determine en qué situaciones se deberían llevar armas, así como el tipo de armamento.

Este reglamento es una reivindicación histórica de los Agentes Rurales, y el Síndic aboga por su aprobación «con diligencia».

Tampoco disponen los Agentes Rurales de una prevención de riesgos adecuada, según el informe de la oficina del Síndic, que añade que hay que dotar a este cuerpo «de los elementos de protección necesarios para el ejercicio de sus funciones y ofrecer la formación suficiente para usarlos».

El Síndic constata que entre los Agentes Rurales y los Mossos d’Esquadra «no hay un protocolo ante las inspecciones y el control sobre los permisos de armas», aunque sí hay un protocolo de coordinación, que no existe, en cambio, con la Guardia Civil.

Por ello, propone que en la próxima Junta de Seguridad se elabore un protocolo concreto y específico en materia de inspecciones y controles sobre permisos de armas que prevea el intercambio de información entre el Ministerio del Interior y los departamentos de Interior y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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