El próximo 26 de noviembre se cumple la fecha límite impuesta por la directiva comunitaria que persigue un uso eficiente de los plaguicidas y publicada en noviembre de 2009 para que los equipos de aplicación de fitosanitarios previamente registrados pasen una inspección técnica obligatoria equivalente a la ITV de un vehículo. Y la realidad es que hasta el momento sólo ha pasado esta revisión un 3,5% de los vehículos y prácticamente no dará tiempo a que se revisen todos por los retrasos acumulados, mientras que no se espera que Bruselas amplíe el plazo.

El retraso en la trasposición de la directiva al ámbito autonómico sumado al desconocimiento de muchos agricultores, ha provocado que de los casi 58.000 equipos que están llamados a ser inspeccionados en Andalucía de aquí a dos meses y medio, solo el 3,5 por ciento –es decir algo más de 2.000–, hayan iniciado ya este proceso, siendo las provincias de Jaén y Córdoba las que concentran el mayor número de inspecciones emprendidas, según los últimos datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, actualizados a fecha de 31 de julio, según recoge Isabel Campanario en elcorreweb,es.

Este retraso se debe a que la Junta había establecido el 15 de septiembre como fecha límite para haber comenzado esta revisión en esas dos provincias, que son además las que acumulan un mayor volumen de este tipo de maquinaria para fitosanitarios que incluye pulverizadores, espolvoreadores, aquellos equipos que van montados a bordo de aeronaves y los instalados en el interior de invernaderos. No obstante, el pasado 23 de agosto, la Consejería amplió esa fecha hasta el 15 de noviembre para así unificarla con la del resto de provincias andaluzas.

la junta andaluza reconoce que el proceso no ha sido todo lo dinámico que debería haber sido por un “cúmulo de dilaciones”

Fuentes de la Consejería admiten que el proceso no ha sido todo lo dinámico que debería haber sido y que se han producido un “cúmulo de dilaciones”. De este modo, reseñan que tras la aprobación de la directiva comunitaria, el siguiente paso fue la trasposición a cada Estado miembro, una normativa que en España se culminó a principios del año 2012. A partir de ahí, le correspondía a cada comunidad autónoma diseñar sus propias actuaciones.

FITOSANITARIOS ITEAF 1En el caso de Andalucía, se ha registrado en este proceso “un problema añadido”, explican. Y es que en diciembre de 2014 la Junta aprobó un decreto para que la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación Fitosanitarios (Iteaf) –así se conoce esta ITV– se hiciera en la comunidad de forma similar al resto de vehículos, es decir, que la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía) tuviera la exclusividad para realizar la prestación de este servicio, como ocurre con el resto del parque móvil.

Sin embargo, en septiembre del año pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó objeciones a esa decisión de la Junta, ya que el organismo público constató que en el resto de comunidades autónomas la inspección Iteaf se encontraba abierta a otras entidades autorizadas, que además pueden proceder de fuera de Andalucía.

Ello obligó a la Consejería a modificar el decreto para abrir el servicio a operadores privados. Se trata de una circunstancia que nos sitúa ya en el horizonte temporal del pasado mes de mayo. El resto de comunidades publicó sus respectivas normativas entre los años 2014 y 2015.

“un gran número de maquinaria no llegará a tiempo en parte por desconocimiento y por falta de medios técnicos”

“Va a ser uno de los temas más calientes” del otoño, vaticina Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla porque “un gran número de maquinaria de fitosanitarios no llegará a tiempo en parte por desconocimiento”, pero también, agrega, porque la mayoría de empresas homologadas solo cuentan con uno o dos equipos móviles que pueden desplazar para hacer las inspecciones.

fitosanitarios iteafDe los 38 autorizados, solo uno tiene siete unidades y dos cuentan con cinco equipos. “Cada uno puede hacer unas ocho o diez inspecciones al día”, apunta. “Hasta ahora, la cifra de los que lo han pasado es testimonial”.

Además, para Caro no es una opción fácil que Bruselas amplíe el plazo previsto del 26 de noviembre, porque el Ministerio ya dijo en su momento que no podría prorrogarse. Sobre esta posibilidad, fuentes del departamento que dirige Carmen Ortiz se limitan a decir que es una decisión que depende de Bruselas, pero que ésta “no ha dado pistas de que vaya a concedermás tiempo”.

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