La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial productivo vitícola, considera que el texto recoge parte de los planteamientos que ha ido desgranando a lo largo de los sucesivos borradores (mayor consistencia en los criterios de admisibilidad, consideración de los viticultores en los criterios de prioridad, límites a las hectáreas solicitadas…), pero manifiesta la necesidad de que se consideren otros principios sobre los que se debería sustentar el sistema de reparto de nuevas autorizaciones.

Unión de Uniones, quien ya se reuniera con los responsables sectoriales y presentara alegaciones al borrador de este RD, señala su disconformidad en algunos aspectos reivindicados por la organización, como el aprovechar el potencial productivo que tiene el país.

En este sentido, el mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1% de la superficie vitícola nacional plantada, equivalente a unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. Sin embargo, el Ministerio, aconsejado por la Organización Interprofesional del Vino de España, señala que se autoricen solo nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie, cuando, según Unión de Uniones, no sería ningún problema para el mercado llegar al 100%, máxime cuando el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3 % desde el 2001, con 14.505 hectáreas perdidas por esta vía de limitación a nivel estatal desde el 2016.

Comunidades Autónomas y Denominaciones de Origen

Por otra parte, siguen sin aprovecharse los márgenes de la reglamentación comunitaria que permitirían diseñar políticas vitivinícolas adaptadas a la diversidad del país, regionalizando en la medida de lo posible la asignación de superficies entre las CCAA. Unión de Uniones considera cada territorio debería poderse servir de este mecanismo para desarrollar una política vitivinícola acorde a su modelo de explotación vitícola y de comercialización.

Igualmente, Unión de Uniones considera que la gran mayoría de las más de 90 DOP existentes en el Estado no se están implicando lo suficiente y siguen sin planificar el futuro de su masa vegetal en parte, según la organización, por la falta de capacidad del Ministerio a la hora de promover estos procesos, con lo cual es de prever que, de nuevo, será exiguo el número de dichas entidades que presentarán limitaciones y restricciones en sus ámbitos territoriales de actuación.

Unión de Uniones valora positivamente que este RD priorice a los agricultores profesionales y aleje a los “paracaidistas” del sector, definiendo unos criterios de admisibilidad más precisos, rigurosos y exhaustivos de cara a demostrar la profesionalidad en el cultivo. Considera también positivo el establecimiento de un límite de 5 hectáreas en la admisión de solicitudes en línea con lo establecido en el Reglamento Ómnibus aprobado el mes de diciembre pasado, lo que supone un reparto más social de la superficie productiva.

Finalmente, el retraso con el que se publica la norma deja escaso plazo a las DOP para cumplir los tiempos marcados en la presentación de los Estudios que permiten justificar las limitaciones y restricciones de superficies de viña (la OIPVR y la DOCa Rioja, la DOP Cava,… son ejemplos palpables). Unión de Uniones pide al Ministerio la máxima diligencia para que no haya bloqueos en la definición de los marcos legislativos y a las Consejerías una mayor concreción del procedimiento de concesión.

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