Unos 1.200 agricultores, según fuentes de la Policía, se han manifestado este viernes 3 por las calles de Valladolid, convocados por la Alianza UPA-COAG, para reclamar más apoyo real al campo, a la ganadería y al medio rural, además de medidas eficaces contra la fauna salvaje.

Los agricultores, llegados de todas las provincias de Castilla y León, se han concentrado inicialmente en las cercanías de la Delegación del Gobierno y se han trasladado por el centro de la ciudad hasta la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con una pancarta con el lema “Producimos Alimentos. Creamos Futuro”, que era llevada, entre otros, por los responsables autonómicos de UPA, Aurelio González, y COAG, Lorenzo Rivera.

Reclaman unos precios justos y denuncian que “los políticos siguen con sus políticas que solo benefician a multinacionales y distribuidoras”

El secretario general de la UPA de Castilla y León, Aurelio González, ha señalado que la protesta es continuación de las que se celebraron en octubre pasado cuando las organizaciones agrarias ya reclamaban precios justos para sus productos y solución a los daños que causa la fauna salvaje.

Aurelio Pérez ha insistido en los daños que ocasionan, entre otras especies, los topillos campesinos, que la Junta de Castilla y León, según ha denunciado, combate con medidas que hasta ahora se han mostrado ineficaces.

Además, se ha referido a los ataques de los lobos a la ganadería y a los daños que causan los corzos, los ciervos y los jabalíes en los cultivos, y la amenaza que supone para la población rural e, incluso, como transmisores de enfermedades a la cabaña ganadera y a los animales domésticos.

Por ello, ha pedido a la Junta de Castilla y León que se concedan permisos más amplios para poder abatir el jabalí e impedir los importantes daños que infringen a los cultivos y que su avance llegue a las ciudades.

También ha pedido que se adopten medidas concretas para evitar la despoblación del medio rural y ha conminado a “dejarse de mesas y de comités de expertos” porque, a su juicio, la solución pasa por el desarrollo de la agricultura y la ganadería mediante “explotaciones rentables”, además de la puesta en marcha de políticas sociales, sanitarias y educativas.

Ha recordado que en octubre las organizaciones agrarias ya se manifestaron en Castilla y León para reclamar unos precios justos y ha denunciado que “los políticos siguen con sus políticas que solo benefician a las multinacionales y a las grandes distribuidoras”.

Critican que la agricultura sostenible es atacada por agroindustria y ponen como ejemplo la  macrogranja en Noviercas

Por ello, Aurelio González ha reclamado un seguimiento de la cadena alimentaria para evitar que las distribuidoras falseen los etiquetados de los productos y “engañen” sobre la procedencia de los alimentos.

Después de oponerse a un nuevo impuesto al azúcar, ha reclamado que la Política Agrícola Común (PAC) beneficie al agricultor profesional y “no al del sofá”.

El coordinador regional de COAG ha asegurado que la agricultura sostenible es atacada por agroindustria y ha puesto como ejemplo la intención de instalar una “macrogranja” en Noviercas (Soria), con una inversión de 90 millones de euros, un proyecto del que ha dicho es “una embestida directa” a los ganaderos de Castilla y León.

En la manifestación ha proliferado las pancartas contra los ataques de la fauna salvaje -“Ávila no quiere ser tierra de lobos” y reclamado unos menores costes de producción -“Contra la tarifa eléctrica”-.

Desde Burgos, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha recordado que la normativa prohíbe “tajantemente” regular los precios y ha recomendado mejorar la productividad y la competitividad, además de propiciar la diversificación agraria.

Milagros Marcos ha insistido en que la solución a los problemas del campo pasa por más beneficio con igual trabajo y una producción con menor coste mediante la incorporación de tecnología, por lo que ha aludido al programa de inversiones en infraestructuras agrarias a desarrollar hasta 2023 con un presupuesto de 610 millones de euros.

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