El escándalo que afecta a la UPA-UCE ha dado un vuelco de 180 grados, al reconocer el secretario general de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, que tenía conocmineto de que el asesor de la organización, Miguel Apolo, había sustraído unos 400.000 euros de los fondos de asesoramiento agrario que impulsaba la organización y que tras detectar estos robos, Huertas y Alcón cerraron un acuerdo «de confidencialidad» con Apolo para que devolviera las cantidades sustraídas.
Asimismo, han censurado que sus dirigentes regionales Ignacio Huertas y Maximiano Alcón continúen aún en prisión cuando hay un «ladrón confeso», en alusión a Miguel Apolo, que reconoce en sus declaraciones que ha robado a la organización, unos «400.000 euros» durante ocho años, y que permanece en libertad.
Señalan que el asesor se aprovechó de su situación para «robar» a la organización y apropiarse de las «claves y tarjetas bancarias»
Según ha destacado Lorenzo ramos, «parece ser que gran parte de ese dinero ya lo ha devuelto», ha afirmado Lorenzo Ramos, según el cual no se denunció a Apolo por estos hechos para no perjudicarle profesionalmente porque de haberlo hecho, «a lo mejor no hubiera podido trabajar nunca más».
Ha defendido que los dirigentes regionales eran asesorados y «confiaban plenamente» en esta persona, a la que se contrató por su «experiencia», pero quien se aprovechó de su situación para «robar» a la organización tras apropiarse de las «claves y tarjetas bancarias».
Además, en la declaración de impuestos, supuestamente habría declarado «cantidades mucho mayores» para luego en una paralela, exigir la devolución de ese dinero que «mandaba a sus cuentas».
Apolo, gerente de la empresa de asesoramiento que contrató la entidad agraria, es una de las siete personas que inicialmente fueron detenidas en el marco de la Operación Tellus que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal.
En su declaración ante sede judicial, según Ramos, ha quedado «absolutamente demostrado» el delito de haber robado a la organización, mientras que «no está demostrado» que UPA-UCE Extremadura haya cometido «ningún delito».
A la organización se le acusa de no haber hecho los expedientes de asesoramiento agrario, y se puede constatar que «se han hecho todos esos expedientes y que han sido supervisados por la administración» que ya ha remitido la documentación requerida.
Ramos ha recalcado que la organización «no tiene nada que ocultar», seguramente «algún error» habrá cometido en la gestión de estos expedientes que suponen «el 27%» del total de los tramitados en la región, pero no ha habido «corrupción» ni se han movido «cantidades multimillonarias que vengan de ninguna parte».
UPA-UCE plantea si «¿es que hay un interés especial en que esto se mantenga vivo durante mucho tiempo?»
De hecho, ha dicho, el martres por la tarde se reúne el Comité Regional, al que asisten representantes comarcales para aprobar el presupuesto que «no llega a los 2 millones de euros».
«Queremos justicia. La jueza y el fiscal tienen que hacer su trabajo, pero con los datos que tenemos encima de la mesa no hay ningún motivo para que nuestros compañeros continúen en prisión», ha aseverado.
En este sentido, UPA-UCE ofrece su colaboración, cuantas declaraciones e información sean necesarias, para que «acabe de una vez por todas esto» y no se les trate como «delincuentes».
Así, ha criticado de nuevo el trato «absolutamente vergonzoso y bochornoso» por parte de la Guardia Civil, que un mes y medio después de las primeras detenciones, detuvo a tres personas más la semana pasada a las que se les citó únicamente para declarar.
«¿Es que hay un interés especial en que esto se mantenga vivo durante mucho tiempo?», se ha preguntado Ramos, al tiempo que ha avanzado que «el día 29 se publica el decreto de convocatoria de elecciones al campo que son el 12 de marzo» y que les gustaría presentarse «en condiciones normales».
En términos similares se ha expresado Antonio Prieto quien, a preguntas de los medios, ha declarado que el principal objetivo es demostrar la «inocencia» de los dos dirigentes encarcelados y que éstos salgan de prisión, luego los abogados analizarán si se emprenden acciones legales contra Apolo.
Ha defendido igualmente que Huertas y Alcón entienden que el procedimiento es legal porque así se lo dijo la persona que contrataron para que les asesorara.
Ahora la juez deberá «verificar si ese método es o no legal», pero «no la Guardia Civil» que en todo momento da «por hecho que hay un delito» cuando al menos debería preservar «la presunción de inocencia», ha apostillado.