El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 13, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto por el que se incrementan los porcentajes de indemnización por sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control y erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiforme.

También se elevan las cuantías máximas de las subvenciones a percibir por explotación en caso de repoblación por sacrificio obligatorio de todos los animales presentes en una explotación ganadera, decretado por la autoridad competente en caso de sospecha o confirmación de una enfermedad, conocido como  vaciado sanitario.

El gasto en indemnizaciones, que se financia por el Estado (hasta el 50% en función de las disponibilidades presupuestarias) y las comunidades autónomas, es, a su vez, cofinanciado por la Unión Europea en un 50%.

Con esta actualización de las cuantías se contribuye al correcto funcionamiento de los programas de erradicación, reduciendo las posibilidades de contagio y manteniendo la sanidad de los animales y se responde a la demanda de las organizaciones agrarias y de los propios ganaderos.

En este sentido, los ganaderos de media España no sólo se han reunido con el Ministerio y las CCAA para exigir nuevas medidas y un aumento de estas indemnizaciones, sino que se han manifestado en numerosas ocasiones para reclamarlas en la calle, ya que consideran que la falta de soluciones concretas y la escasa cuantía de las ayudas no están colaborando en la solución y abocan al sector de la ganadería extensiva a su desaparición cuando con un solo positivo se ordena paralizar toda la explotación y, en muchos casos, el sacrificio de animales.

1 Comentario

  1. Deseo matizar que a día de hoy es la U. E. quien paga casi la mayor parte de las indemnizaciones y que estas por ley deben ser “apropiadas”. El programa marca objetivos loables y la Comisión exige sobre el papel condiciones para que los recursos económicos públicos dispuestos sean bien administrados y se garantice la erradicación. Así se diseñó para “el bien común” por la “preocupación que la enfermedad causa a la Comisión Europea”, “debe ser beneficioso para todas las partes”, “no escatimar en medios económicos”, “utilizar las tecnologías más avanzadas” “Eliminar el patógeno”… En este contexto ideal solo cabe pedir a nuestros gobiernos que cumplan y hagan cumplir las leyes, pues algo debe fallar cuando los ganaderos -debiendo ser los primeros interesados- se oponen al mismo.

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