El campo cierra un año difícil por la pertinaz sequía -que mermó producciones, pero no impidió “cosechar” datos históricos en exportación- y recibirá 2018 pendiente del “pacto de Estado por el agua” y de las propuestas de reforma de la futura PAC, en la que España “se juega” 7.000 millones anuales en ayudas.

Así lo han apuntado en declaraciones a Efeagro representantes de las cooperativas y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que también aluden a la preocupación por las consecuencias del Brexit y los acuerdos comerciales.

Cooperativas insiste en el problema del agua y pide que no se utilicea la agricultura como “moneda de cambio”

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha recordado que 2017 ha sido muy complicado para casi todos los sectores por las adversidades climáticas -heladas, granizadas y sequía-, lo que “nos hace mirar al cambio climático”.

“Qué hacemos con el agua es otra de las asignaturas pendientes del campo”, según Villafranca, porque deben mejorarse regadíos y redistribuir el agua, con una adecuada gestión hídrica nacional.

Para 2018, defiende que la futura PAC post 2020 garantice presupuestos suficientes -pese a la amenaza de recortes tras el Brexit- y que los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea (UE) no utilicen la agricultura “como moneda de cambio”, además de abogar por avanzar en cuestiones como el relevo generacional o la integración de las cooperativas agrarias.

Para Asaja, la sequía ha marcado 2017 y miran al próximo año pidiendo infraestrcuturas en materia de agua

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha subrayado también la situación de sequía -que ha impactado con especial dureza en Castilla y León y cuencas del Júcar y Segura- y, por tanto, los “muchos problemas” para los cultivos de cereales y la disminución de las cosechas de vino y aceite de oliva, además de la “inclemencias” meteorológicas que han afectado al sector hortofrutícola.

La ganadería, aunque agobiada por la sequía, se ha beneficiado de la apertura de mercados exteriores -como el turco, el japonés o el chino-, lo que ha contribuido a que los precios se estabilicen.

Para 2018, Barato urge un pacto de Estado del agua que impulse las infraestructuras -“si queremos mantener la agricultura productiva”- y potenciar los seguros agrarios porque algunas comunidades autónomas “no ponen nada” para ayudar a la contratación.

COAG insiste en que la mejora de la renta agraria “no ha llegado a los agricultores” y mira con esperanza al Reglamento Omnibus

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha calificado de “preocupante” la situación de acuíferos y embalses por la escasez de lluvias, y ha recordado que si continúa la situación las consecuencias se vivirán también con dureza en el campo en 2018.

Sobre la renta agraria de 2017 –que crece el 4,93 %, hasta 28.462 millones de euros, según los datos oficiales-, Blanco considera que estos beneficios no han llegado a los agricultores y asegura que, de hecho entre 2013 y 2017, “la renta agraria ha descendido el 11,5 %”.

Blanco cree que 2018 será “crucial” por la aplicación del “reglamento omnibus” desde enero y por la presentación en el primer semestre de las propuestas de reglamentos de la futura PAC post 2020; además de por el previsible cierre del acuerdo de la UE con Mercosur, que podría afectar a sectores como azúcar o vacuno.

UPA celebra que acabe “un año horroroso” y ya piensa en movilizaciones si no se toman medidas

Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, “termina un año horroroso; malo en todos los sentidos”, con problemas de heladas, sequía e incendios que dejaron grandes daños económicos entre los agricultores y ganaderos, además de bajos precios en origen y el encarecimiento de costes de producción.

La sequía no sólo ha dejado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos este año, sino que repercutirá en 2018 porque no se han podido hacer muchas siembras, ni trabajar las tierras, y la situación de casi todas las cuencas hidrográficas “es preocupante”.

UPA, que estudiará movilizaciones para 2018, ha denunciado “la inacción del Gobierno, que parece que está en funciones todavía”, y de las comunidades autónomas, porque las Administraciones no adoptan medidas, pese a que en los años 93, 94 y 95, cuando una fuerte sequía afectó al sur del país, hubo ayudas directas para el campo.

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