No ha pasado ni una semana desde que la Junta de Castilla y León convocase oficialmente las elecciones agrarias para el próximo 11 de febrero que ya se han producido las primeras quejas por la organización.
Ha sido ASAJA León la primera voz que se ha escuchado, calificando a la consejería de Agricultura de chapucera por haber publicado un censo provisional en el que faltan centenares de agricultores y ganaderos que deberían tener derecho a voto.
ASAJA ha constatado esta situación después de contrastar los datos al llamarle mucho la atención que el censo hubiera caído el 18,5% en cinco años, pasando de 7.400 en 2012 a 6.034 en la actualidad (5.703 personas físicas más 331 personas jurídicas).
exige que se recuperen los datos sin necesidad de que los afectados aleguen
La Ley Agraria establece que podrán votar todas las personas físicas que coticen a la Seguridad Social en el régimen de autónomos con epígrafe agrario. «No obstante, en el Decreto que regula el proceso (Decreto 30/2016), la consejería de Agricultura se sacó de la manga un nuevo condicionante, que es el de figurar inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL). Toda una contradicción, pues el registro no está previsto para miembros de sociedades ni para acoger a los dos cónyuges cuando la explotación figura íntegra a nombre de uno de ellos (por lo general el marido).» – ha señalado la organización agraria en nota de prensa.
Así pues, ASAJA ha insistido en que la web de la Seguridad Social se recoge el dato de 5.963 agricultores y ganaderos leoneses cotizantes como autónomos a la agricultura dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA). A estos le habría que añadir quienes no están en el SETA en función de sus ingresos pero que igualmente son autónomos del campo, lo que sumaría en su conjunto 7.022 cotizantes al cierre de noviembre, como ha publicado la Seguridad Social.
ASAJA se pregunta cómo es posible este desfase de datos y exige que se recuperen de oficio sin necesidad de que los afectados aleguen, ya que no es posible solucionar el problema por la vía de las alegaciones cuando esta cuestión suele suscitar un interés muy relativo. «Si la Consejería no lo hace así, se estará privando del derecho a voto a cientos de agricultores leoneses (la cotización de ambos cónyuges es más común en León que en el resto de provincias), y se estará castigando el modelo societario, justo el que se debería de primar y favorecer», han lamentado.