El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha anulado de manera cautelar la orden anual de caza de Castilla y León, lo que se suma a la anulación del reglamento. La admisión de la medida cautelar, según el PACMA, supone la paralización por el momento de cualquier actividad cinegética en la comunidad de Castilla y León.

En un auto, el TSJCYL estima la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), en la que se pedía la suspensión de la aplicación de la orden anual de caza emitida en junio pasado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Según lo expuesto en el recurso, el PACMA pedía la suspensión cautelar de la orden anual de caza debido a que posibilitaba “la caza de especies de la fauna silvestre sin contar con estudios científicos objetivos y actualizados que permitan, desde el punto de vista de la actualización de la especie, la práctica de esa actividad”.

Frente a esto, la administración autonómica consideraba que “no hay ningún principio de prueba de esta afirmación y que ninguna de las especies que pueden ser cazadas son especies protegidas”.

El voto particular de un magistrados argumenta que “la mera invocación a la conservación de la especie no puede prevalecer” frente a los perjuicios

Sin embargo, el auto admite que “los daños pueden producirse en la medida que se permita la caza de especies sin contar con información relativa al nivel de población, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies silvestres y al grado de incidencia de la actividad cinégetica en la conservación de las mismas”.

El auto cuenta con un voto particular de uno de los magistrados quien argumenta que “la mera invocación a la conservación de la especie no puede prevalecer” frente a los perjuicios de los que se da cuenta en informes de varios expertos.

Estos informes aluden a los efectos de episodios como la superpoblación que puede derivarse de la suspensión de la caza, entre los que se citan daños en los ecosistemas y en la agricultura, impacto económico para los cazadores y en el empleo de la comunidad, siniestralidad viaria y perjuicios para la hacienda pública.

Después de la suspensión del reglamento, el pasado día 28 el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y león, Juan Carlos Suarez-Quiñones, anunció que se retomaría una modificación de la Ley de Caza con el apoyo de los grupos de las Cortes de Castilla y León.

Esta modificación se aprobará en el ultimo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para el próximo 26 y 27 de este mes de marzo, con lo que, a juicio del consejero de Fomento y Medio Ambiente, se salvaría el escollo de la prohibición de la caza en la comunidad autónoma.

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