La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y las organizaciones Asaja, COAG, UPA han analizado este martes 16 las dificultades del calendario para la reforma de la PAC, por razones como su presupuesto o las elecciones europeas. Por eso, se ha puesto sobre la mesa que solo hay dos opciones: una rápida, que se aprobaría en siete u o ocho meses, y otra lenta, cuya entrada en vigor se aplazaría incluso al 2021 o 2022.

Y el primer avance de por dónde podría ir finalmente la opción elegida podría conocerse en junio, cuando la CE podría presentar un nuevo documento acerca de la reforma de la PAC, aunque estará condicionado por la propuesta prevista en mayo sobre «el marco financiero plurianual de la UE«.

Si se analiza el calendario, según el secretario de Agricultura, Carlos Cabanas, es «muy justo», porque quedarían pocos meses de legislatura hasta las elecciones europeas, en 2019.

España presentará este semestre a la CE sus «dudas» sobre el nuevo modelo que plantea Bruselas con el apoyo de otros países

Por este motivo, «sería razonable» que los textos de la PAC estuvieran aprobados con la nueva formación de la CE, a finales de 2020, y con una nueva composición del Parlamento Europeo.

García Tejerina ha presidido el Comité Asesor Agrario para tratar las prioridades de 2018 y examinar con las tres organizaciones agrarias de forma oficial, por primera vez, la propuesta de la Comisión Europea (CE) que abre el debate sobre la reforma de la PAC post 2020.

Cabanas ha declarado a los medios que se ha llevado a cabo un repaso al calendario y a las «dificultades» para la reforma, cuya evolución depende de las discusiones sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea (UE).

Cabanas se reunirá el miércoles 17 con los secretarios generales del ramo de las autonomías para analizar el documento de Bruselas sobrela reforma de la PAC, que entre otras ideas plantea un cambio de modelo que daría más responsabilidad a los Gobiernos.

Entre tanto, España presentará este semestre a la CE sus «dudas» sobre el nuevo modelo que plantea Bruselas y continuará los contactos con otros países, como los que ha efectuado con Francia o Portugal -esta semana en Canarias- o los mantenidos con Polonia, Alemana o Irlanda, ha añadido.

Las organizaciones agrarias rechazan la nacionalización de las ayudas o su recorte porque «no se nos puede pedir más por menos»

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que existen «dos teorías» sobre la reforma: la rápida, que se aprobaría en siete u o ocho meses, y la lenta, cuya entrada en vigor se aplazaría incluso al 2021 o 2022.

Barato ha defendido que lo «más importante» es conseguir una opinión unánime de todo el sector en defensa de una PAC fuerte y ha indicado que la «línea roja» o el aspecto más rechazado es su nacionalización.

E l secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha afirmado que es «imprescindible» que se mantenga o aumente la financiación en la reforma de la PAC, porque «no se nos puede pedir más por menos», en referencia a las exigencias en la lucha contra el cambio climático o de calidad. Blanco ha pedido que la reforma se centre en apoyar a los agricultores profesionales «activos» y en medidas a favor de las pequeñas y medianas explotaciones.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha mostrado su preocupación porque el escenario para la reforma de la PAC «no es favorable» y por los temores sobre el presupuesto, que se agravan con el Brexit, por lo que a su juicio es necesario «un frente común» contra los «enemigos» de la PAC.

Ramos ha criticado que se use la idea de «simplificar» para abrir la puerta a la cofinanciación y que no se aborden «grandes problemas» como los mecanismos de gestión ante las crisis de mercado, entre ellas la del veto ruso.

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