El director general de la patronal de refrescos de España, Josep Puxeu, ha vinculado la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas por parte del Govern catalán con el proceso independentista activado pocos meses después.

“Entre los órganos de desconexión del Estado estaba la Agencia Tributaria catalana, que se basaba en impuestos como éste (…) para configurar una base de datos de contribuyentes, empresas, etc”, ha asegurado Puxeu en una entrevista con Efeagro.

Para el director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), este gravamen ha supuesto la ruptura de la unidad de mercado y es “imposible” de aplicar a todos los actores implicados, ya que las autoridades catalanas carecen de medios suficientes para controlarlo.

“Es un lío”, ha afirmado Puxeu, quien ha señalado que por el momento se están pagando las autoliquidaciones del impuesto, pero al mismo tiempo las empresas “están impugnando las declaraciones” por la vía administrativa.

Desde la patronal no tienen estimaciones sobre el impacto económico de dicha medida, aunque sus consecuencias se perciben más en los supermercados catalanes que en la hostelería, y se concentran sobre todo en los refrescos de marca blanca, donde un aumento del precio por litro de hasta doce céntimos es más sensible, ya que suelen ser más baratos.

“Hemos detectado una sustitución de los productos de marca de distribuidor con azúcar por los sin azúcar”, ha explicado.

La publicación en medios de comunicación de correos electrónicos interceptados por la Guardia Civil en los que dirigentes de la Generalitat admiten errores en el marco de la negociación de los Presupuestos -en alguno de ellos se cita como ejemplo el impuesto sobre el azúcar-, ha hecho que tanto Anfabra como otras entidades del sector agroalimentario estudien nuevas acciones contra la tasa.

La semana pasada, las asociaciones que agrupan a todo el sector anunciaron la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia catalán y ahora incluso estudian volver a solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lleve dicho gravamen al Constitucional, algo que ya solicitaron en junio, aunque sin resultado.

el sector está comprometido a debatir con las autoridades sanitarias sobre cómo mejorar el etiquetado

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo recupere la opción de gravar las bebidas azucaradas en el ámbito nacional -algo que ya se planteó a finales de 2016 y que ya ha ocurrido en otros países europeos-, Puxeu ha apuntado que por el momento “no hay nada encima de la mesa”.

“Para 2017 se desestimó y para los Presupuestos de 2018 lo que nos consta es que la idea tanto del Gobierno como de los grupos que pueden apoyar esos Presupuestos es abogar por otro tipo de políticas diferentes a la de crear impuestos al consumidor. Por como están las cuentas del Estado no hay voluntad de crear nuevas tasas”, ha precisado.

Ha insistido, además, en que el sector está comprometido a debatir con las autoridades sanitarias sobre cómo mejorar el etiquetado, sustituir y reducir algunos ingredientes o limitar la publicidad dirigida al público infantil, en una discusión que en su opinión debe discurrir de forma separada del tema impositivo.

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