La de vueltas que da la vida política en este país. Si no se ha hablado lo suficiente del impacto del debate independentista en la economía, y en concreto en el sector agroalimentario, ahora se retoma la polémica tasa a los refrescos impuesta por la Generalitat catalana al vincularse su relación con la independencia y retomar su situación en los tribunales.

Así, el sector agroalimentario en su conjunto ha recordado este miércoles 15 la presentación de un recurso contra el impuesto aprobado en Cataluña que grava las bebidas azucaradas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia catalán, a la vez que se vincula con un correo electrónico incautado por la Guardia Civil en el que el ex secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluis Salvadó, admite haber aprobado “cosas insensatas y muy imprudentes” en el marco de la negociación de los Presupuestos, y cita como ejemplo el impuesto sobre el azúcar.

En un comunicado, los representantes de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria -agricultores, industria, distribución y restauración- han destacado que esta tasa a los refrescos implica “una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica”.

Una nueva acción legal después de que el Gobierno declinara la petición del sector de presentar un recurso de inconstitucionalidad

“La norma vulnera principios como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio español, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, así como el de la libertad de circulación de mercancías, entre otros”, han detallado.

Fuentes del sector han explicado a Efeagro que el recurso se presentó hace semanas, después de que la Generalitat publicara el reglamento que desarrolla la ley 5/2017, en el que se inscribe dicha tasa.

Esta nueva acción legal llega también después de que el Gobierno declinara a finales de junio la petición del sector agroalimentario de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que implementa el impuesto catalán sobre los refrescos, al que critican por considerarlo “de carácter recaudatorio” y perjudicial para el rumbo de la economía española.

Las entidades que suscriben esta iniciativa han recordado que el sector alimentario y la restauración representan “más del 15 % del PIB nacional y más del 22 % del empleo total del país, lo que supone unos 4,3 millones de puestos de trabajo”.

Los firmantes son las entidades del sector primario Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias; los representantes de la industria FIAB y Promarca; los portavoces de la distribución Anged, Asedas y Aces; así como Marcas de Restauración y la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc).

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