El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado su disposición a modificar o derogar la Ley que regula el procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y ha admitido que “no cree” en ella pese a la petición de alguna organización, como Unión de Uniones, para copnvocar elecciones agrarias.

Ha sido uno de los asuntos que el ministro ha planteado este lunes en el consejo consultivo y en la conferencia sectorial que ha mantenido con las comunidades autónomas en Madrid y posteriormente en declaraciones a los periodistas ha lamentado que esta ley, que data de 2014, no tenga reglamento y además “no creo que sea un buen modelo” de representación para la OPAs, ha señalado.

Solo apuesta por abrir una reflexión sobre cómo mejorar” el nivel de representación del sector agrario” en contra de la postura de las CCAA

A su juicio, “ni las propias organizaciones” aceptan celebrar elecciones agrarias cada cinco años y supone un coste administrativo y presupuestario que “no es el adecuado”.

Su intención, según ha aclarado, “no es cambiar el modelo actual de interlocución” pero “hay que abrir una reflexión sobre cómo mejorar” el nivel de representación del sector agrario por ello ha admitido que está “abierto a la posibilidad de modificarla o derogarla”.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha insistido en que se niega a desarrollar una ley de elecciones agrarias en la que no cree: “Yo no creía en este modelo -que propone la normativa- y la realidad es que no ha sido desarrollada”.

Desde las comunidades autónomas, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, ha pedido que si se convocasen una elecciones para determinar esa representatividad de las OPAs a nivel nacional “sirvan” para trasladarla a nivel autonómico porque se lograría una gestión “más eficaz de los recursos”.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, ha admitido que en esta comunidad también “hay un problema” sobre este asunto por lo que ve conveniente aprovechar esta reflexión a nivel nacional para “buscar una solución lo más coordinada posible” que también integre a las regiones.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha indicado por su parte que la región “no tiene ningún problema” porque convoca elecciones cada cinco años y “es el Gobierno central el que tiene que decidir si avanza o no”.

Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, ha criticado la intención de Planas y cree que derogar la ley sería “retroceder en derechos” por lo que espera que el ministro “reflexione” y se lo “replantee”.

La consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha pedido que, aunque cada región pueda legislar al respecto -de hecho en su comunidad trabajan ya en un proyecto legislativo-, todas las comunidades se rijan por “principios comunes” para que no haya 17 normativas distintas.

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