Esta misma semana, desde la Unión de Uniones se hacían eco del Informe elaborado por el Instituto Jacques Delors y supervisado por el Departamento para Políticas Estructurales y de Cohesión del Parlamento Europeo sobre el impacto del Brexit en la PAC y donde se dejaba claro que dicho impacto será importante y que deben buscarse fórmulas para que no lo sufran los agricultores y ganaderos. Un informe que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo deberá analizar este 9 de noviembre y del que ahora se han conocido nuevos datos, como que se prevé que la reforma de la PAC podría retrasarse hasta 2022 ó 2023, para que entrara oficialmente en vigor dos años después.

En el estudio, que ahora ha recogido agropular.com. se incide en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea supondrá una reducción del presupuesto de la PAC en unos 3.000 millones de euros anuales, lo que podría obligar a una reforma no solo de la propia PAC, sino a su estructura misma, lo que implicaría que no podrá llevarse a cabo la reforma en los plazos previstos actualmente sino que la retrasaría a los años 2022 ó 2023.

Se plantean diversos escenarios en los que España sale casi siempre mal parada

A la vista de ese recorte de fondos de la PAC, el informe constata que pueden plantearse diversos escenarios ante la futura reforma de la PAC. Uno sería que los 27 países restantes decidan mantener el nivel de gasto agrario. En ese caso, sería necesario cubrir ese hueco de 3.000 millones de euros con más aportaciones por parte de los Estados miembros. Ello perjudicaría a los actuales contribuyentes netos (los que aportan más de lo que reciben), que tendrían que aportar aún más.

Otra posibilidad sería asumir el recorte y reducir el gasto agrícola en 3.000 millones de euros. En este escenario, resultarían perjudicados tanto los contribuyentes netos como los beneficiarios netos (los que reciben más de lo que aportan), entre los que se encuentra España.

Una tercera opción ante esta reforma de la PAC es que el gasto agrario se vea recortado en más de 3.000 millones de euros, lo cual es posible dadas las nuevas prioridades de la UE que necesitarán fondos, como son la política de seguridad y la migratoria. Si el presupuesto de la PAC se viera recortado, por ejemplo, en 10.000 millones de euros, los contribuyentes netos saldrían ganando, ya que tendrían que aportar menos dinero, mientras que los beneficiarios netos resultarían perjudicados.

Según recoge el informe, España es beneficiario neto de la PAC en 1.825 millones de euros. Se trata del cuarto saldo positivo a nivel comunitario, por detrás de los de Polonia, Grecia y Rumanía.

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