La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 medidas específicas para paliar los “graves” efectos de la sequía que está soportando el sector.

En un comunicado, ha señalado que los presupuestos de 2017 “ya fueron muy recortados” y el Estado redujo hasta un 8% su contribución -147 millones de euros menos-, “habiendo realizado un análisis del sector de la agricultura, la ganadería y el medio rural demasiado optimista”.

En concreto, ha apuntado que la partida destinada como apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias, que era de 3,16 millones de euros, fue un 60% menor que la de 2016 y “se ha revelado este año absolutamente insuficiente”.

Unión de Uniones reclama incluir medidas excepcionales y un mayor apoyo al Plan de Seguros Agrarios en los PGE 2018

“Unión de Uniones propuso en su momento alimentar un fondo extraordinario de sequía con el dinero que el sector dejaba de recuperar por la disminución de la devolución del impuesto especial del gasóleo agrícola”, ha especificado.

Así, la organización pide que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) “contemple la realidad que está viviendo el campo actualmente con la que, podría ser, la peor sequía de la historia”, y que incluya medidas excepcionales y un mayor apoyo al Plan de Seguros Agrarios en los PGE 2018.

En este sentido, el último “Informe-resumen de situación de la sequía hidrológica” del Ministerio, del 6 de octubre, recoge la situación en la que se encuentran las reservas de los embalses.

Como ejemplo, la cuenca del Segura está sólo al 13,8 % de su capacidad y la del Duero y del Tajo, al 21,6 % y al 24,6 %.

“Una situación gravísima, teniendo en cuenta que el nivel de siniestralidad constatado por Agroseguro es el segundo más alto de la historia, con 2.152.950 hectáreas siniestradas por sequía y otros fenómenos, que es un 68% más que la media anual habitual”, prosigue.

“Hay que tener en cuenta que Agroseguro no contabiliza hectáreas afectadas no aseguradas”, ha añadido en el comunicado.

Una “angustiosa situación” que afecta a prácticamente todas las CCAA y a todos los cultivos

Ha recordado que la sequía no es una adversidad climática que en los cultivos de regadío esté cubierta en ninguno de los seguros agrarios existentes, “por lo que las explotaciones de regadío que se han visto afectadas por la sequía hidrológica y climática no han podido ver compensadas sus pérdidas de ninguna manera”.

Ha referido que Castilla y León es la comunidad más afectada, tanto por sequía como heladas, y sus pérdidas, según valora UCCL, llegan a los 1.500 millones de euros.

En Castilla-La Mancha, la segunda comunidad autónoma más afectada, se prevé una reducción del 8 % en la cosecha de girasol, entre el 20 % y el 30 % en viñedo, un descenso del 26 % en cosecha de olivar y un 40 % en cereales, ha señalado.

En Andalucía, los productores del Bajo Guadalquivir reclaman que se declare cuanto antes el decreto de sequía, se establezcan las ayudas que dará la Junta y, así, “que los productores sepan de cuánto es el recorte de la dotación y puedan adaptar cuanto antes sus cultivos” a los metros cúbicos disponibles. En la parte del olivar de aceituna para aceite de Jaén y Córdoba “los daños son numerosos”, ha aclarado.

En Extremadura, “La Unión hace mención a las malas condiciones de siembra de cereal y también el olivar y el viñedo temen que se resientan si no llegan pronto las lluvias”.

En la Comunidad Valenciana, por su parte, La Unió de Llauradors pone el foco en las restricciones de riego que llegan ya al 49 % en la cuenca del Segura y al 20 % en la comarca del Camp de Turia y al 5 % en el conjunto de la cuenca del Júcar.

“La angustiosa situación” ha originado un incremento de los costes tanto en los cultivos como en la ganadería, de todas estas comunidades autónomas donde la sequía ha afectado más y que repercuten en la reducción de superficies de determinados cultivos, como el de cítricos, que muestra una reducción del 10% en la última década, según ha puntualizado La Unión de Uniones.

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