El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentaba en el Consejo de Ministros un informe sobre la postura de España en la futura Política Agraria Común (PAC) en el que aboga por “correcciones” para favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones”. Sin embargo, en el mismo documento, también se reconoce oficialmente que la reforma de la PAC puede que no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023, por lo que va a poner todo su esfuerzo en conseguir que, cuanto menos, se pueda aprobar el Plan Estratégico Nacional que defiende la Comisión Europea.

Desde el Gobierno se asume que la CE prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente se dé un escenario en el que la reforma de la PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023.

Por ello, y para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ya ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.

Pese a este retraso, o quizás por ello, desde el Ministerio se pone el acento en la elaboración de un Plan Estratégico Nacional, el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

La elaboración del plan estratégico nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

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